Asesinan a madre e hijo en Guerrero; acusan inacción del gobierno de Astudillo

sábado, 21 de enero de 2017
CHILPANCINGO. Gro. (proceso.com.mx).- El asesinato de una joven mujer y su hijo de un año, quienes fueron encontrados hace dos días en bolsas de plástico negras que dejaron tiradas en la periferia de la ciudad, mantiene pasmado al gobierno de Héctor Astudillo Flores y provocó indignación entre la sociedad de esta entidad. Las víctimas, identificadas como Yareni Montserrat, de 18 años y su hijo, de un año de edad, fueron reportados como desaparecidos el sábado 14 de enero cuando salieron de su domicilio ubicado en el barrio de San Mateo. El jueves 19, cinco días después, fue localizado al oriente de la capital el cuerpo de la joven madre al interior de una bolsa negra y la pierna desmembrada del menor, sin que hasta el momento hallan encontrado el resto de las extremidades del bebé, indican reportes oficiales. Los restos humanos estaban tirados en un pequeño barranco, ubicado en las inmediaciones de la colonia Norberto Flores Baños. Los informes periciales refieren que la madre y su hijo habrían sido asesinados cuatro días antes del hallazgo. Este caso conmocionó a la sociedad capitalina y a través de redes sociales expresaron su indignación y coraje ante el brutal asesinato.  Durante estos días, los ciudadanos no sólo han criticado la inacción gubernamental frente al crimen, sino el dispendio y corrupción de la clase política exhibida por ostentar salarios exorbitantes en una entidad donde la mayoría de las personas viven en la pobreza, marginación y ahora secuestrados, y aterrorizados por la delincuencia.  En el primer mes de este año, la ola de violencia se ha recrudecido de forma dramática a pesar de que el gobernador Astudillo afirma que la incidencia delictiva ha disminuido. No obstante, la criminal indolencia gubernamental ha provocado que las bandas delictivas que operan impunemente en la entidad,  enfoquen sus crímenes en mujeres y niños principalmente en la capital de Guerrero y al región Centro. Mujeres y niños, el blanco de la delincuencia. El jueves 12 de enero, fueron asesinadas una mujer y su hija de 13 años en el poblado de Tixtla, donde los sicarios irrumpieron en una vivienda, ejecutaron a las mujeres, incendiaron la casa y se retiraron impunemente frente a decenas de vecinos que quedaron aterrados frente a la acción criminal. Reportes oficiales indican que este hecho se registró cerca de las 15:00 horas en la calle Armendáriz del barrio de Santiago, donde inicialmente habían reportado un incendio en casa habitación y cuando llegaron bomberos y socorristas a sofocar la conflagración encontraron al interior del inmueble a las dos mujeres asesinadas a tiros. Las víctimas fueron identificadas como Gudelia, de 52 años, y su hija de 13, quien era estudiante de nivel secundaria. De acuerdo a la versión de testigos, un grupo armado que se desplazaba en un vehículo irrumpió en la vivienda, ejecutó a madre e hija y le prendieron fuego a la casa antes de retirarse. Las autoridades llegaron una hora después de ocurrido este hecho violento, a pesar de que en el poblado de Tixtla existe un operativo policiaco militar para tratar de revertir los efectos de la violencia en esta zona donde bandas delictivas como Los Ardillos y Los Rojos disputan a sangre y fuego el control de la producción y trasiego de heroína en la región centro de la entidad. Días antes, el lunes 9, un grupo criminal irrumpió durante la madrugada en un domicilio de particular y asesinó al médico Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo de 13 años. Luego de cometer el doble asesinato, los agresores se llevaron por la fuerza a la profesora universitaria Jenny Rosado Peña –esposa y madre de las víctimas–, cuyo cuerpo fue hallado más tarde sobre la autopista del Sol, a la altura del puente del río Papagayo. A la fecha, estos crímenes siguen impunes así como el centenar de homicidios dolosos registrados durante este mes que aún no concluye, exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad que dirige el Ejército en Guerrero, muestra al gobierno de Astudillo pasmado ante la incidencia delictiva que no cesa y refleja la inacción de las autoridades ministeriales frente a los delitos. Reportes oficiales indican que el 2016 cerró con una cifra superior a los 2 mil 300 asesinatos que lo ubicaron como el año más violento desde 2012, hecho que muestra que Astudillo no ha logrado revertir los efectos de la violencia que tiene sumida la entidad en la peor crisis de inseguridad documentada desde hace cinco años.