CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tortura, privación de la vida y desaparición forzada fueron las denuncias de mayor impacto que recibió la CNDH durante 2016, un año crítico que generó inconformidad y descontento hacia las autoridades, incluso por la toma de medidas económicas recientes, resumió Raúl González Pérez, presidente del organismo. Al presentar su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman destacó que la CNDH implementará medidas de austeridad que implicarán un ahorro de cuando menos 50 millones de pesos; además, aclaró que el bono de 500 mil pesos que recibió no fue tal, más bien es la suma del pago de prima de antigüedad, estímulo mensual, prima vacacional y pago de riesgo. La diputada Cristina Gaytán, del PRD, cuestionó lo oneroso que resulta la CNDH y sus resultados, por ejemplo, señaló que en 2016 se le autorizó un gasto de mil 728 millones de pesos, mientras que el trabajo de la comisión se resume en escasas “72 recomendaciones”. Lo anterior significa, ejemplificó, que a los mexicanos “cada recomendación nos ha costado 24 millones de pesos”. “La protección a los derechos humanos es cara en México pero no hay contundencia… además sólo tuvimos una recomendación por violación grave a los derechos humanos, si se compara con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su presupuesto, que es apenas la quinta parte del de la CNDH, ello deja mucho qué desear”, fustigó Gaytán. En respuesta, el defensor oficial de los derechos humanos en el país dijo que los métodos de trabajo de ambas comisiones son distintos. En su exposición, González Pérez dijo que el año pasado México “atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del estado de derecho y falta de un acceso real a la justicia… se generó un sentimiento de inconformidad y descontento en la sociedad contra las autoridades e instituciones, que se ha manifestado en la respuesta dada a diversas medidas económicas anunciadas en fechas recientes”. También sostuvo que el desencanto generó que algunos ciudadanos expresaran su “resignación con actos de autoridad contrarios a la dignidad humana, tales como detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de tránsito, tortura o inclusive ejecuciones arbitrarias, sin que ello trajera como resultado mayores niveles de seguridad o se garantizara el pronto castigo a los delincuentes. “Se creyó ver en el uso arbitrario de la fuerza la vía más eficaz para combatir la injusticia y la legalidad, aunque ello implicara incurrir en actos injustos e ilegales. Asimismo, se reivindicó la justicia por propia mano, que encontró expresión en diversos linchamientos, algunos de ellos llevados a cabo contra inocentes, llegándose al extremo del elogio y reconocimiento público en casos como los presentados en Puebla, el Estado de México o la Ciudad de México, donde la muerte de presuntos delincuentes fue considerada por muchas personas como ‘una mejor justicia’ que si hubiesen respondido de sus actos ante tribunales competentes”, argumentó. Entre los entidades con mayores casos de violaciones a los derechos humanos y reportadas ante la CNDH estuvieron la Ciudad de México, con 2 mil 255 casos; Estado de México, 751; Chiapas, 532; Tamaulipas, 453; Veracruz, 443, y Oaxaca, 422. Mientras que los actos denunciados y de mayor impacto fueron la tortura, privación de la vida y desaparición forzada. En los dos primeros hubo un aumento de 332% y de 36.3, respectivamente, frente a los registrados en 2015. Las autoridades mayormente denunciadas por violación a los derechos humanos fueron IMSS, Marina, PGR, Comisión Nacional de Seguridad y la Defensa Nacional (Sedena). González Pérez destacó la recomendación sobre el caso Tanhuato, en Michoacán, “por violaciones graves a los derechos humanos, consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro civiles, la tortura a dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida, y la manipulación del lugar de los hechos atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol”. Caso Iguala En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el defensor de los derechos humanos dijo que la CNDH alertó en sus indagaciones sobre la posible participación de policías del municipio de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal (PF). “En relación con el caso Iguala, en el mes de abril de 2016 la CNDH dio a conocer el reporte sobre la posible participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en la desaparición de los normalistas que viajaban en el autobús 1531, ocurrida en el puente del Chipote de Iguala el 26 de septiembre de 2014, en el cual la información que se dio a conocer constituyó de facto el punto de partida de una segunda ruta de desaparición, que deberá ser investigada por la autoridad competente para determinar con certeza lo sucedido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, una vez que agentes policiales los sustrajeron del lugar antes referido”. Incluso dijo que así como se denunció la participación de policías de Cocula e Iguala, “la CNDH habría recabado información testimonial que también haría presumir la participación de elementos de policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos, como señalé, en el puente del Chipote”, subrayó el titular de la CNDH ante los legisladores.