Corte niega amparo, otra vez, a Gómez Urrutia contra la STPS

miércoles, 25 de enero de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mayor discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el juicio de amparo que promovió Napoleón Gómez Urrutia, el líder del Sindicato Minero, con el que pedía que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo indemnizara por daño moral desde 2008. Este miércoles, los ministros de la Primera Sala ratificaron la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que 16 de abril de 2015 negó al líder sindical la protección de la justicia. Su argumento fue que los datos divulgados por la mencionada secretaría –entonces dirigida por Javier Lozano Alarcón– a través de comunicados de prensa no representan una actividad administrativa irregular. Y es que en el 2008, Napoleón Gómez Urrutia demandó por una cantidad millonaria a la dependencia federal por daño moral, debido a que en diversos boletines informó que no le entregó la toma de nota como líder del Sindicato Minero por no cumplir los requisitos marcados por la ley, por ejemplo, no acreditar una relación laboral mínima de cinco años; además de que estaba fuera del país y porque existían averiguaciones previas en su contra por los delitos de administración fraudulenta, fraude específico en grado de coparticipación y fraude específico en su modalidad de administración fraudulenta y asociación delictuosa. No obstante, las autoridades laborales negaron la petición del pago de indemnización. Por ello, el dirigente gremial promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, hecho que también fue negado bajo el argumento de inexistencia de daño moral. En abril de 2016, los ministros de la Segunda Sala de la Corte, donde también se discutió el caso, concluyeron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información considerada de interés público y que, además, pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas. Además, determinaron que el caso constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información por parte de la Secretaría del Trabajo.

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