Exigen ONG a Peña poner fin a violencia contra defensores de derechos humanos

miércoles, 25 de enero de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese de la violencia contra los defensores de derechos humanos, así como dar garantías de seguridad y sancionar a responsables de ataques a los activistas. A unas horas de que finalizara la visita de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, cerca de medio centenar de organizaciones y tres redes de agrupaciones suscribieron un pronunciamiento por el que condenan la violencia contra activistas, en particular el homicidio del ambientalista indígena Isidro Baldenegro López, ocurrido el lunes 16, día en que el experto inició su visita oficial a nuestro país. Tras recordar que es “responsabilidad del Estado garantizar el derecho a defender derechos humanos”, las organizaciones firmantes llamaron al gobierno mexicano a acatar las recomendaciones formuladas por el relator de ONU, a quien activistas y periodistas expresaron las dificultades de ejercer sus labores durante reuniones sostenidas en la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. En un comunicado, las organizaciones exigieron “investigar y castigar las violaciones a derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra defensores de derechos humanos”, de manera especial los casos en que “policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes los agreden”, además de que deben garantizarse medidas de reparación y no repetición. En apego a las recomendaciones y observaciones hechas por el relator Forst, las ONG exhortaron a combatir la corrupción e impunidad “que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras de derechos”. También resaltaron que Forst, como otras oficinas de ONU, llamaron al retiro del Ejército “de las funciones de seguridad pública, y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años”. Igual exigieron evitar y condenar la “desacreditación pública” de defensores, así como emprender una política de reconocimiento de su labor y de la libertad de expresión. Además, exhortaron al Estado mexicano a atender las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas incluir a los integrantes de organizaciones sociales en las discusiones de los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior. Asimismo, se pide “evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso definiciones ambiguas, como ‘ataques a la paz pública’, que criminalizan la protestas social”. En materia de protección las organizaciones sugieren mejoras en la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil”, así como “integrar un enfoque multicultural y colectivo, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano”. Incluso sugieren la adopción de “políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGTBI, así como optimizar el funcionamiento de los organismos públicos de derechos humanos en la protección de defensores”. También incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos “un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades, así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos”, y sobre todo garantizar procesos de consulta “significativos sobre aquellos proyectos que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas”. Para los activistas es indispensable que “los inversionistas y las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y se sancione a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero”. Al exigir al Estado mexicano que invite una vez más al relator Forst, quien manifestó su disposición de dar seguimiento a las recomendaciones, las ONG consideraron que para que esas observaciones sean cumplidas se requiere la participación de la sociedad civil y de los agraviados, sobre todo tomando en cuenta que persiste “un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes”. Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento destacan Artículo 19, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Cauce Ciudadano, Asistencia Legal para los Derechos Humanos, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comunicación e Información de la Mujer, Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Se sumaron al posicionamiento las redes Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

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