CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de las personas físicas a la protección de sus datos personales en el sector público federal, estatal y municipal, entró en vigor este viernes. Dicha ley, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, establece las bases mínimas y condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) ante el sector público, mediante procedimientos sencillos y expeditos, según indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un comunicado. Se trata, destacó, del primer ordenamiento mexicano que regulará el tratamiento de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad u órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios. Entre los temas más destacados de la ley están: La definición de las bases para la elaboración, ejecución y evaluación de un Programa Nacional de Protección de Datos Personales, desde una óptica de política pública en la materia. La incorporación de temas de seguridad en materia de cómputo en la nube y vulneraciones, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales vigentes. La definición de un régimen de transferencias nacionales e internacionales de datos personales, que facilite el intercambio de información personal entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El establecimiento de reglas específicas para el tratamiento de datos personales por parte de instancias de seguridad y procuración de justicia, en el ámbito de las telecomunicaciones. El reconocimiento de mecanismos que permitan a cualquier persona interponer su inconformidad ante el INAI y los organismos garantes estatales, relacionadas con el ejercicio del derecho. Así como facultades al INAI y a los órganos garantes para imponer medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, así como un catálogo de infracciones administrativas en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General. A partir de hoy, los congresos estatales cuentan con seis meses para armonizar sus disposiciones normativas en la materia con la Ley General.