CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ejercicio de observación realizado por la Universidad Iberoamericana (Uia) puso de relieve que la imposición de megaproyectos mineros, petroleros, agroindustriales y de infraestructura en México detonó más de un centenar de conflictos en los años 2014 y 2015. La institución detalló en un comunicado que la tendencia del gobierno hacia la explotación de los recursos naturales y el despojo de tierras y territorios para la imposición de dichos proyectos, lejos de disminuir va en franco ascenso. La Uia también resaltó que, de acuerdo con el Informe de Cierre de Misión del Relator Especial de Naciones Unidas, Michael Forst, estos hechos estuvieron acompañados de criminalización y agresiones a personas que protegen y promueven los derechos económicos, sociales y de recursos naturales de los indígenas, ya que en los más de 100 conflictos registrados, en dos de cada tres se han reportado agresiones. “Hay una tendencia de muerte contra los defensores de los derechos humanos”, subraya Forst en su documento. Y añade que según el informe de ONU, la criminalización y las agresiones van desde intimidaciones, acoso y amenazas hasta asesinatos, ejecuciones y desapariciones “que suceden, principalmente, en contextos de megaproyectos de energía y de infraestructura”. Como ejemplo del “grave patrón” de violencia contra defensores, Forst destacó el caso de Isidro Baldenegro, un indígena rarámuri quien por más de 30 años defendió a su pueblo —Coloradas de la Virgen, en Chihuahua— de la explotación y violencia de las bandas criminales de talamontes. Baldenegro ganó en 2005 el Premio medioambiental Goldman –el más prestigioso reconocimiento que se otorga a activistas y defensores del medio ambiente a nivel mundial—, sin embargo, fue asesinado el domingo 15. Según informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en el tórax y una pierna, ello luego de las múltiples amenazas que recibió en los últimos años. Otro ejemplo es el caso de Berta Cáceres, defensora hondureña de 44 años, quien el 3 de marzo de 2016 fue asesinada por hombres armados en su departamento de Intibucá, en Tegucigalpa. Cáceres también había sido galardonada con el premio Goldman. “Las agresiones dirigidas a las personas, organizaciones, colectivos y comunidades que deciden alzar la voz, organizarse y luchar por los derechos a un medio ambiente sano, sustentable, digno y posible son, en todo el mundo, indignantemente comunes”, se advierte en el comunicado. El relator especial Michael Forst además puntualizó que mientras persista la impunidad absoluta en nuestro país, la tendencia de muerte seguirá siendo predominante.