CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que su Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas ha registrado hasta ahora 52 casos de violencia política de género. En un comunicado, el organismo precisó que entre esos casos destacan el de una regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, a quien se ha brindado acompañamiento, y el de una presidenta municipal de Tlapa, Guerrero, cuya protección se solicitó fuera ampliada. Destacó que para brindar protección a las víctimas de los delitos electorales, en los casos en los que se ha considerado que está en riesgo su integridad física, se ha solicitado la protección a la Comisión Nacional de Seguridad. En total se han atendido 16 solicitudes, puntualizó. Sostuvo, asimismo, que se ha otorgado la calidad de víctima a 26 mujeres, solicitando su ingreso inmediato al Registro Nacional de Víctimas, de las cuales ya se atienden 13. Según la Fepade, se ha detectado que el mayor índice de violencia política se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas, teniendo un registro de 21 casos; candidatas en procesos electorales, con 10 casos, y funcionarias electorales y partidistas, con ocho y seis casos, respectivamente. También se ha notado “una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres indígenas que ostentan cargos públicos y se ven obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones”, apuntó. Dentro de los casos más relevantes se encuentra el de la vocal de la Junta Distrital Ejecutiva 07, en el estado de Oaxaca, quien fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público. Por este ataque se liberaron y cumplimentaron órdenes de aprehensión. Otro caso es el de la presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, quien fue obligada a dimitir de su cargo el 25 de mayo de 2016. A su vez, la magistrada electoral local en San Luis Potosí hizo del conocimiento que fue víctima de violencia política en el desempeño de sus funciones por parte del presidente de dicho Tribunal, impidiendo el correcto desempeño de sus funciones. Otro caso es el de la precandidata a la alcaldía de Aguascalientes, quien recibió amenazas en su domicilio. La Fepade inició carpetas de investigación por obstaculización en las funciones electorales de consejeros, quienes no recibieron el sueldo correspondiente a sus funciones, además de la falta de presupuesto para el Instituto Electoral del estado de Nayarit. Sostuvo que en atención al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, también inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en agosto de 2016, cuando trabajadores del Ayuntamiento de Apango, Guerrero, desarmaron a la Policía Municipal, irrumpieron en al menos dos propiedades de la alcaldesa, agredieron a sus familiares, saquearon y destruyeron algunas cosas que encontraron a su paso. Finalmente, la Fepade inició carpeta de investigación por la difamación y discriminación hacia una de las consejeras integrantes del organismo público electoral de Coahuila, quien aparentemente fue hostigada por representantes de partidos políticos. Dicha consejera fue buscada por la autoridad ministerial y declarada víctima para brindarle el acompañamiento, atención e iniciar la investigación para esclarecer los hechos, y brindar seguridad a su integridad física y psicológica, subrayó.