CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de otorgar el amparo a la asociación civil Artículo 19 en materia de publicidad oficial, la senadora del PAN Marcela Torres Peimbert presentó una iniciativa para crear la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, misma que propone crear un Consejo Consultivo Ciudadano para la evaluación del destino de los recursos públicos en esta materia. La iniciativa de la legisladora, la primera que se presenta tras el fallo del máximo tribunal, se sumará a otras 17 que están pendientes de ser dictaminadas en el Senado de la República y que son reglamentarias del 134 constitucional. La propuesta de Torres Peimbert, apoyada por cuatro senadores más, propone que se contraten espacios publicitarios una vez que estén agotados los tiempos fiscales y de Estado destinados a los entes gubernamentales. “Hay tiempos oficiales, pero el gobierno no los respeta y prefiere anunciarse en horarios más rentables (en medios electrónicos) con dinero público”, afirmó Marcela Torres. Al igual que otras iniciativas, ésta propone la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, donde se haga transparente la propiedad de cada uno de los medios, incluyendo las concesiones de radio y televisión. La senadora advirtió que su iniciativa “no pretende perjudicar a los medios de comunicación, sino crear piso parejo para todos”, con el fin de evitar medios “consentidos” y medios “castigados” por los gobiernos en turno. “La sociedad ha expresado su malestar no sólo por los montos millonarios que los gobiernos gastan en publicidad, saturando a los ciudadanos con ‘bombardeo’ propagandístico, lo que contrasta con el presupuesto que se asigna para solventar servicios públicos básicos”, acotó la senadora en reunión con reporteros y especialistas para dar a conocer su iniciativa. Presión civil Luego del fallo de la Suprema Corte, el representante en México de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab, emitió un comunicado en el que señala que “el uso discrecional de la publicidad oficial puede tener un efecto disuasivo, comparable en términos prácticos con la censura y a veces servir para premiar o no a medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. “Saludo la resolución de la Suprema Corte, ya que es un paso hacia la aprobación de reglas claras para la contratación de publicidad oficial”, destacó en su comunicado Jarab. Artículo 19, organización que promovió el amparo, destacó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado más de 38 mil millones de pesos en promocionarse, 72% más que lo aprobado originalmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos. También señaló que, desde 2007, se inició el camino para regular el gasto en publicidad oficial, pero desde 2012 se quedaron en la “congeladora” las iniciativas presentadas por PRI, PAN y PRD en esta materia. Incluso en la reforma electoral de 2014 se ordenó regular la publicidad oficial antes del 30 de abril. El plazo se cumplió y no existió ley. El plazo límite que estableció la Suprema Corte de Justicia para legislar en la materia es el 30 de abril de 2018. Ya no se aplicará en este sexenio, sino hasta la próxima administración federal.