Alertan por iniciativa priista que normalizaría la intervención del Ejército en labores policiales

lunes, 27 de noviembre de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cerca de 240 organizaciones civiles y 200 especialistas, activistas, académicos y víctimas de abusos castrenses, alertaron sobre el riesgo latente de que el Congreso de la Unión apruebe distintas iniciativas denominadas de “seguridad interior”, que le conferirían poderes extraordinarios al Ejército, por encima de la Constitución y tratados internacionales. En conferencia de prensa representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, llamaron a los legisladores del PRI y sus aliados, que impulsan entre otras la Ley de Seguridad Interior, a conjurar el albazo legislativo pues “normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar” la violencia. Tras llamar a la legislación promovida por el diputado priista César Camacho como “ley golpista”, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), calificó como “irresponsable” que los priistas y sus aliados, entre ellos “los panistas rebeldes”, pretendan “otorgarles poder a la Fuerzas Armadas, quienes están en las calles desde hace más de 20 años y no han podido enfrentar a la delincuencia”. Culebro recordó que actualmente hay un despliegue en las calles de “más de 50 mil elementos del Ejército y esto no ha sido suficiente para bajar el índice de violencia, es contradictorio”, que los legisladores quieran perpetuar al Ejército a las calles, “sería violar la Constitución y a los tratados internacionales”. José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), sostuvo que de la revisión de la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, se advierten por lo menos 12 violaciones a la Constitución, que lo que se pretende es “paramilitarizar la seguridad pública” y peor aún, “busca obstaculizar el acceso a la justicia a las víctimas y en particular a las de desaparición, efecto disuasivo en zonas como Tamaulipas, donde está el mayor número de desaparecidos con una presencia militar desde hace más de diez años”. El defensor enlistó una serie de violaciones a la Constitución y al Pacto Federal, que la pretendida ley contiene, al pretender conferirle atribuciones de índole civil a las Fuerzas Armadas, sin que la Cámara de Diputados tenga facultades legales para hacer los cambios legislativos, además de que se impondría un Estado de excepción, por encima de lo que rige el artículo 29 constitucional. De aprobarse la Ley de Seguridad Interior, dijo se le darían atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas, podrían obligar a los entes autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) a proporcionar información; podrían deponer e imponer policías civiles en estados y municipios; se violaría el derecho a la información pues todos los operativos castrenses estarían clasificados como reservados, se negaría el derecho a las víctimas a litigar en casos de abusos; podrían reprimir manifestaciones en tanto que la legislación pretende diluir la responsabilidad penal y política del Presidente de la República y las Fuerzas Armadas. Sedena: más de 10 mil quejas ante la CNDH Al señalar que la Ley de Seguridad Interior busca “garantizar la impunidad militar y la dependencia de la clase política a los militares, es una ley de guerra para la guerra”, dio datos contundentes de la experiencia de la militarización de la seguridad nacional en los últimos años: del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, de las 82 mil 745 quejas recibidas por la CNDH, 23 mil 347 corresponden a las autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, Policía Federal y PGR), y de ellas 10 mil 404 se señala a la Sedena como autoridad responsable. En materia de tortura y/o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, la CNDH tiene un registro de 4 mil 483 en las que se señala a la Sedena como responsable, y a la Semar con mil 32; en tanto que por desaparición forzada, el organismo ha emitido 15 recomendaciones en las que se implica a la Semar y 33 a la Sedena. Al señalar que el jueves están convocados los diputados de la Comisión de Gobernación que encabeza la priista Mercedes Guillén Vicente, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó que si bien la intención principal del colectivo #SeguridadSinGuerra es que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior sin antes ser discutida abiertamente por expertos, apuntó que de no atender el llamado, la legislación tendrá que ser impugnada a través de una Acción de Inconstitucionalidad. “No es necesario llegar a ese extremo porque se puede impedir la aprobación de este proyecto, sin embargo la acción la puede hacer la minoría legislativa y la CNDH, que puso sobre la mesa un decálogo de puntos que este anteproyecto está ignorando abiertamente, en consistencia con eso, es de esperarse que el organismo fije una postura para que no sea aprobada la iniciativa que impulsa el PRI el grupo de panistas más cercanos a la postura priista”, apuntó. Aguirre enfatizó que la urgencia por abrir el debate, es porque han sido los altos mandos del Ejército y la Marina quienes han impuesto a los legisladores sus requerimientos, en las oficinas de los institutos armados y que se han mantenido lejos del escrutinio para el resto de la sociedad. Caso Ayotzinapa, ejemplo de opacidad El subdirector del Centro Prodh, puso como ejemplo de la práctica de ocultamiento de información del Ejército, el reportaje publicado esta semana por la revista Proceso, relacionado con el caso Ayotzinapa. “De aprobarse la ley, perpetuaría la actuación opaca y poco transparente que han tenido las fuerzas armadas, porque lo que pretende esta ley es blindar a la Sedena y a la Marina para que en contextos de seguridad interior, la información generada no sea de acceso al público; y el mejor ejemplo es el que se muestra en Proceso, en el caso Ayotzinapa se sabe de la existencia de un pelotón de información e inteligencia, y la Sedena ha negado su existencia de ese cuerpo castrense, ese tipo de proceder opaco es el tipo de actuación que la ley perpetuaría”. María Elena Morera, de Causa en Común, resaltó que las organizaciones unidas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, reconocen la labor de los militares, pero que su despliegue debe apegarse al artículo 29 constitucional. La defensora resaltó que hasta ahora, ningún gobernador ha sido sancionado por no “preparar a sus policías, y lo que México está viviendo es una verdadera crisis de inseguridad, de impunidad de corrupción y de violaciones a derechos humanos, y la solución no está en tener más militares en las calles”. Agregó que tampoco ha habido un interés real por capacitar debidamente a los cuerpos policiacos civiles, y que la prueba de ello es que “los recursos que deben ir a la policía, se van a las fuerzas armadas, el presupuesto para el próximo año se destinará para el Ejército y la Marina --16 mil millones de pesos-- mientras que a PGR 346 millones y para Policía Federal tres mil millones”. Alfredo Lecuona, consultor independiente, destacó como “botón de muestra” de la impunidad y de la falta de rendición de cuentas, que “en el informe de la Auditoría Superior de la Federación en el 2015, se reporta que a la Gendarmería Nacional se le destinaron dos mil 842 millones de pesos para realizar 10 mil operativos, pero la ASF sólo pudo acreditar la realización de 75, es el 0.8%”. Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, agregó que pese a que cada año el Congreso de la Unión aprueba el Presupuesto de Egresos, “al final se reporta cada año una partida especial de Seguridad Nacional que tiene erogaciones anuales de nueve mil millones de pesos que no fueron aprobados y que se ejercen en completa discrecionalidad, para el 2018, el sector que crece el de Fuerzas Armadas, con 17%, cuando el resto se encoge en un esfuerzo de austeridad y lo más afectado el gasto social”.

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