PUEBLA, Pue. (apro).- Integrantes de la Colectividad del Maíz denunciaron en esta ciudad que la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional la facultad que tienen jueces para ordenar medidas de protección a grupos sociales, con lo cual buscan eliminar restricciones para la siembra de transgénicos en México. Así lo denunciaron académicos poblanos, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos, quienes han litigado un juicio de acción colectiva y medidas cautelares desde hace cuatro años. Hasta ahora han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en territorio nacional. En rueda de prensa, el abogado René Sánchez Galindo; el antropólogo Julio Glockner Rossaínz, el líder social de la Sierra Norte, Alonso Aco; la investigadora Argelia Arriaga, y el académico Armando Domínguez expresaron su confianza en que la SCJN se pronuncie por la constitucionalidad de la ley que regula las acciones colectivas. Revelaron que las empresas transnacionales presentaron una demanda ante la SCJN para que se declaren inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños o vulneren derechos. Sánchez Galindo explicó que, al tratarse de juicios sobre derechos colectivos, los jueces tienen facultades para ordenar cuatro tipos de medidas: la suspensión de actos o acciones, la orden de realizarlas, el retiro de productos del mercado y las medidas de protección. “Son precisamente las medidas de protección, sobre las que se emitirá un dictamen de constitucionalidad de la Suprema Corte, luego de que un tribunal Colegiado ordenara mantener la suspensión de siembra y remitirle el expediente”, comentó el abogado. Y agregó: “Dupont decidió argumentar que las medidas de protección son violatorias de la Constitución por una supuesta ambigüedad y por el temor a que esta atribución resulte proclive a arbitrariedades”. Sin embargo, dijo que la trasnacional omite que la ley obliga que un juez federal a realizar un estudio legal del asunto, en el cual se incluyen los derechos del colectivo que deben protegerse, los derechos de la contraparte, la intervención de las autoridades competentes, los efectos colaterales, entre otros aspectos. “Ninguna ambigüedad ni arbitrariedad está permitida por la ley de acciones colectivas”, aseguró Sánchez Galindo, “las trasnacionales arguyen que las medidas de protección pueden provocar abusos porque interpretan que si el juez las considera pertinentes dictaría medidas ilegales, como si en la palabra pertinencia cupiera la ilegalidad”. En la rueda de prensa, el abogado fue enfático en señalar que el Código Federal de Procedimientos Civiles no faculta a dictar medidas contrarias a la legislación. “Si así fuera, hubiésemos pedido el destierro de los dueños de las trasnacionales”, subrayó el litigante. Cabe recordar que, con base en esta acción que interpusieron los integrantes de la Colectividad del Maíz, apenas el viernes 24 de noviembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil dictaminó mantener la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico en el país. Además, fue este mismo Tribunal el que remitió a la SCJN el estudio de la constitucionalidad del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual fue solicitado por la empresa estadunidense Dupont.