CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gravamen a las bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica constituye una ventana de oportunidad que ha sido desaprovechada por el actual gobierno para combatir la obesidad, aseguró Atzimba Baltazar, consultora de Probatio, organización experta en análisis de presupuesto. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora a petición de la Alianza por la Salud Alimentaria, existe un importante desbalance entre los recursos recaudados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, y el presupuesto que se destina a programas con componentes de prevención del sobrepeso y la obesidad o para garantizar el acceso al agua potable. Para 2018, agrega, la diferencia entre esos dos montos es de 29 mil 710 millones de pesos, resultado de la diferencia de la recaudación estimada en 46 mil 726 millones y el presupuesto asignado a estos programas de 17 mil 016 millones. Y destaca que de este último monto debe recordarse que tan solo mil 189 millones están destinados a los bebederos y el suministro continuo de agua potable en las escuelas. El IEPS es un impuesto denominado “extrafiscal”, que debe funcionar como instrumento de política pública, diseñado para corregir externalidades que el consumo de ciertos productos provoca en la población, a diferencia de un impuesto “fiscal”, cuyo objetivo es recaudar contribuciones para sufragar el gasto público gubernamental en general, puntualiza. El estudio precisa que por cuarto año consecutivo la Ley de Ingresos prevé la asignación de un monto equivalente a la recaudación estimada a partir del impuesto a las bebidas azucaradas para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate (…) al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar acciones de acceso al agua potable para beber en las escuelas. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en el presupuesto. Según el análisis de Probatio, en noviembre 2016 la propia Secretaría de Salud declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y por diabetes, resaltando que es la primera ocasión en que un país declara una emergencia de este tipo por enfermedades no transmisibles, debido a la magnitud del problema. “Tras la declaración se esperaba el anuncio de una serie de medidas para enfrentar estas declaratorias, sin embargo, nunca fueron presentadas”, sostiene. De igual manera, resalta que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la prevención es la estrategia de largo plazo más eficaz para revertir el grave problema de sobrepeso y obesidad en el mundo. En México, subraya, eso debería traducirse no en acciones aisladas, sino en una verdadera política de Estado. Y esta política de prevención “debe contar con una visión estratégica y de largo plazo que utilice instrumentos legales, institucionales y presupuestarios para hacer frente de forma efectiva y transparente a la epidemia, más allá de una estrategia con caducidad sexenal e intervenida por intereses privados”. Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor, aseguró que en México el único avance al respecto que surgió a raíz del IEPS “es la implementación del Programa Nacional de Bebederos, sin embargo, tiene como limitante la ausencia de un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real”. El estudio de Probatio solicitado por Alianza por la Salud Alimentaria incluye tres recomendaciones puntuales que pueden realizarse de manera inmediata y ser un punto de partida para transitar hacia esquemas de “segunda generación”: En primer término, aumentar a 20% el IEPS a bebidas azucaradas y equiparar el “piso mínimo” de gasto público para programas de prevención con el monto recaudado. La segunda recomendación es hacer transparentes y monitorear los recursos destinados a la prevención del sobrepeso, la obesidad y asegurar el acceso al agua potable para diseñar acciones que realmente provean bienes y servicios efectivos. Y, finalmente, hacer transparente el avance de los recursos destinados a la instalación y mantenimiento de bebederos en centros escolares.