TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Activistas, amigos, hermanos, hijos y madres de migrantes desaparecidos en su ruta hacia Estados Unidos arribaron este viernes a territorio mexicano para denunciar que el país aún tiene una deuda pendiente con sus hermanos centroamericanos que nunca regresaron vivos a sus países de origen y, por lo tanto, tampoco llegaron a su destino. La XIII Caravana de Madres Centroamericanas: “Cuatro mil kilómetros de Búsqueda, Resistencia y Esperanza”, ingresó por el puente internacional fronterizo que une a México con Guatemala, entre las localidades de Tecum Uman y Suchiate. Hará paradas en 22 localidades de 12 estados mexicanos a través de la ruta migratoria buscando a sus hijas e hijos desaparecidos en tránsito. Después de cruzar todo Centroamérica, las delegaciones de Nicaragua, Honduras y El Salvador se reunieron con la delegación guatemalteca y siguieron su camino hacia México. Del 1 al 18 de diciembre, la XIII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos recorrerá 4 mil kilómetros para denunciar la inseguridad extrema que padecen los migrantes cuando cruzan las fronteras. De acuerdo con representantes de la Caravana, la desaparición forzada de personas forma parte de la violencia extrema que los migrantes enfrentan en su día a día. En México, subrayaron, vuelve a ocurrir desde la guerra sucia --entre los años setenta y ochenta-- y ha aumentado dramáticamente desde que el gobierno de Felipe Calderón impulsó su guerra contra el narcotráfico. Señalaron que cuatro años antes del caso Ayotzinapa, la masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, llamó la atención sobre la violencia extrema perpetrada por el crimen organizado hacia migrantes. Más tarde surgió evidencia de que las autoridades locales habían sido cómplices en el crimen, pero también en los casos de abuso, secuestro y trata en el estado. Además, menos de un año después, a esa tragedia se sumó el hallazgo de 49 fosas clandestinas con los restos de 193 personas, tanto mexicanos como migrantes, en el mismo municipio. Un año más tarde se localizaron los restos de otras 49 personas en el estado de Nuevo León. En el caso de San Fernando, la respuesta de las autoridades en los procesos de investigación e identificación ha sido muy problemático, y el trato a los familiares de los desaparecidos, “inhumano y degradante”, denunciaron. Indicaron que después de la llegada de miles de niños centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos, en 2014, el gobierno de ese país ha presionado a México para detener a migrantes que intentan cruzar a ese territorio. El gobierno mexicano respondió con el Programa Frontera Sur, que ha resultado en el incremento drástico de detenciones y deportaciones, junto con el aumento de violaciones a los derechos humanos de migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Los integrantes de la Caravana denunciaron que esa situación ha llevado a los migrantes a utilizar rutas más peligrosas para evitar ser detectados por el gobierno, y por esta razón son obligados a acudir a los servicios de grupos criminales para cruzar el país. “A los migrantes se les culpa por la violencia y el daño que encuentran en su camino. Son percibidos como personas que traen crimen, criminales que han entrado al país ilegalmente o como personas imprudentes por su decisión de viajar a través de áreas peligrosas”, destacaron los activistas que acompañan la Caravana. De esta forma, subrayaron, a los migrantes se les culpa por la violencia que sufren. Y recalcaron que la tarea de buscar a los desaparecidos, romper el silencio y exigir justicia se ha dejado en manos de los familiares de las víctimas.