COLIMA, Col. (apro).- La nueva Ley de Seguridad Interior legitima la impunidad y significa una regresión en materia de derechos humanos en el país, por lo que las organizaciones sociales “no vamos a permitir que esta ley avance: impugnaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podríamos llegar hasta la Corte”, señaló María Guadalupe Ramos Ponce, asesora suplente de la Sociedad Civil para México de ONU Mujeres. “Tenemos los argumentos jurídicos y de derechos humanos para interponer un recurso, se tiene que sancionar al Estado mexicano porque está contraviniendo los tratados internacionales que el propio Estado suscribió”, dijo. Entrevistada al final de una conferencia en torno a “Periodistas y defensoras de derechos humanos en Colima”, la también excoordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) comentó que la sociedad debe señalar a todos los partidos políticos que aprobaron esta regresión en derechos humanos. Añadió: “Hay que ver bien quiénes lo votaron, qué es lo que señalaron en la cámara y, a final de cuentas, como ciudadanía estamos en procesos electorales: habrá que ver bien por quién votamos, porque finalmente cuando esas gentes llegan a las cámaras votan leyes como ésta y, como ciudadanía, no podemos permitir que esto siga ocurriendo”. Lo grave de la ley aprobada, explicó, es que está legitimando la presencia y la labor del Ejército y la Marina en las calles, en una labor de seguridad pública que no le corresponde, es decir, ellos “están preparados para la guerra, para el combate en otros ámbitos, pero no en las calles, no contra la ciudadanía, es como contraponer a mexicanos contra mexicanos, unos contra otros, es una manera de criminalizar la protesta y el libre pensamiento”. Ramos Ponce refirió que, así como está planteada esa ley, es posible que los militares con su presencia en las calles criminalicen a quien realice una manifestación pública y que esto a juicio de ellos sea catalogado como un riesgo para la seguridad nacional, y con ese pretexto se criminalice a defensoras, defensores e incluso a periodistas. Además, la ley contraviene incluso tratados internacionales que hablan sobre la seguridad pública o la seguridad ciudadana: “Todos hacen énfasis muy claro de que no es papel del Ejército realizar funciones de seguridad pública, eso corresponde a otros niveles de ejercicio del Estado, a las policías, bien entrenadas, bien preparadas en materia de derechos humanos, pero no a la milicia, no a la Marina”. En relación con el hecho de que algunos sectores de la sociedad se han pronunciado por la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, María Guadalupe Ramos consideró lógico que ello ocurriera porque México vive una crisis social muy fuerte de seguridad. “Cuando estás viviendo estos altos índices de inseguridad en el país, cuando hay esta crisis como la que estamos viviendo con un aumento de la criminalidad, con la presencia del crimen organizado, más en este narco-Estado, hay un reclamo muy fuerte de la ciudadanía para que disminuyan los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, es decir, la presencia del crimen organizado en general”, indicó. Aunque estimó que ese reclamo es muy legítimo, “el tema es el desconocimiento de la función de cada quien, porque no es a los militares a los que les corresponde brindar seguridad, en todo caso, aquí habrá que revisar las medidas de seguridad ciudadana, que deben incluir perspectiva de género y de derechos humanos”, aspectos que no contiene la nueva ley.