CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, se sumó a las voces de organismos nacionales e internacionales y pidió al presidente Enrique Peña Nieto que vete la Ley de Seguridad Interior porque, subrayó, es contraria al Artículo 4º Constitucional, en el que se establece que el Estado debe actuar bajo el interés superior de la niñez. “Es un desafío al orden constitucional e ignora los llamados que han hecho organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la voz de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en contra de esta ley que pone en peligro los derechos humanos, la seguridad y desarrollo sin violencia de niños y adolescentes”, puntualizó en un comunicado. De acuerdo con Pérez García, ha quedado demostrado que la estrategia contra el crimen organizado, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, ha fallado gravemente, pues se ha dado un incremento “explosivo” de homicidios, desapariciones y delitos del fuero federal. “Sacar al Ejército a las calles para asumir tareas de seguridad pública, en apoyo y, en la mayoría de los casos, sustituyendo a las autoridades civiles, ha contribuido a la fragilidad institucional del Estado mexicano. Durante diez años, 234 mil personas fueron asesinadas en la lucha contra el crimen organizado y más de 30 mil personas desaparecidas, de las cuales entre el 20 y el 25% son niñas y adolescentes”, detalló. La institucionalidad del Ejército, subrayó, “se ha minado” al involucrarlo en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Y es absurdo querer ofrecer institucionalidad a una estrategia equivocada, agregó. Finalmente, resaltó que en sus observaciones finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto de 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano “que revise la estrategia de combate al crimen organizado, bajo una óptica que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia, e implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social”.