CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A raíz de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior, un grupo de 10 organizaciones internacionales integró hoy un Observatorio Internacional sobre México, el cual documentará “el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país” y llamará la atención de otras naciones sobre “la regresión democrática que está en curso”. Las organizaciones –entre ellas Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Open Society Initiative y la Organización Mundial Contra la Tortura– también llamaron al presidente Enrique Peña Nieto a ejercer su facultad de veto contra el texto, que según ellas “implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”. En los últimos días, organizaciones mexicanas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que rechace la ley. Esta postura la reiteró hoy Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, quien recordó además que la institución a su cargo podría interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que la ley entrara en vigor. Según las organizaciones que integraron el Observatorio Internacional sobre México, desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006, la militarización de la seguridad pública “ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad”. Recordaron que los índices de violencia “siguen escalando” y que 2017 será el “año más letal” de la historia reciente de México. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las autoridades abrieron más de 196 mil carpetas de investigación por homicidio doloso entre 2007 y octubre de 2017. “La Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos. En ese sentido, la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes”, plantearon. Por último, invitaron a otras organizaciones internacionales a “sumarse” al observatorio recién nacido y advirtieron: “Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando”.