CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional (AI) cuestionó la estrategia para legitimar la militarización de la seguridad pública, luego de que el Congreso retomó la discusión de la Ley de Seguridad Interior que pretende legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en esas tareas. En un comunicado, el investigador para México de AI, Carlos Zazueta, recordó que “tras diez años de seguridad militarizada se han incrementado las violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de los responsables”. Zazueta consideró como “preocupante” que en las iniciativas propuesta para la Ley de Seguridad Interior “se busque legitimar el uso de las fuerzas armadas para las tareas que son de seguridad pública ordinaria”. Y advirtió que de aprobarse la legislación en los términos propuestos, se “debilitará aún más el sistema de protección de derechos humanos en el país, sin contribuir en modo alguno a la seguridad de la población”. El investigador resaltó que el Congreso debería considerar “otras prioridades más urgentes, como las leyes generales de tortura y desaparición”, que hasta ahora no han sido discutidas, “a pesar del sufrimiento y la impunidad que generan tales crímenes”. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los efectos de la militarización de la seguridad pública como parte de la “guerra contra el narcotráfico”, en informes referentes a la tortura sexual durante detenciones de mujeres, así como casos sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas. Cabe destacar que el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, se sumó a los cuestionamientos que otras oficinas de la ONU y expertos han hecho sobre la militarización. En su informe preliminar presentado el martes 24, Forst señaló que “el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil, levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”. El relator de la ONU resaltó que durante su visita detectó que los defensores que representan a víctimas y familiares de violaciones graves a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas “se encuentran en un mayor riesgo de represalias”. En entrevista con Proceso, publicada en el número que circula esta semana, Forst puntualizó que “la función del Ejército es proteger al país en un estado de emergencia o de excepción, y no es el caso de México”. Luego de señalar que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, presentará sus observaciones contra la medida en el informe final que dará a conocer en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator dijo al semanario que documentó casos de “implicaciones muy fuertes contra el Ejército y la Marina en ataques contra defensores”, no sólo en casos de amenazas, sino de ejecuciones, secuestros y detenciones.