CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el presidente Enrique Peña Nieto designó a Édgar Elías Azar como embajador de México ante el Reino de los Países Bajos (Holanda). En un comunicado, precisó que de conformidad con la práctica diplomática ya se solicitó el beneplácito de estilo ante el gobierno de ese país, y en breve someterá el nombramiento a consideración del Senado de la República. Destacó que Elías Azar es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, además de maestro en Gestión y Resolución de Conflictos por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y en Contratos Civiles por la misma universidad. Entre otros cargos, se desempeñó como su secretario de Finanzas del gobierno de Guerrero, y en el ámbito judicial cuenta con 51 años de servicio, tiempo en el que se desempeñó como magistrado de la Quinta y de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En 2008 fue elegido presidente del Poder Judicial capitalino, y cinco años antes –en 2013– como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México. El pasado viernes 17, fuentes del TSJ comentaron que la intención del magistrado es, desde el puesto como embajador, construir su candidatura para encabezar la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, ambas con sede en La Haya. Según la ley del Tribunal, tras la renuncia de Elías Azar los magistrados interesados en ocupar el cargo deberán manifestarlo públicamente, primero en sesión del pleno y luego en otra sesión para exponer su plan de trabajo. En un tercer pleno se haría la votación y la posterior entrega del cargo. Elías Azar dejará el TSJ un año y dos meses después de que influyó en la modificación de la Ley del Tribunal para modificarla y, con ello, permitir que se reeligiera para un tercer periodo al frente del máximo órgano de justicia de la capital. El hecho generó gran polémica porque hubo magistrados que se opusieron públicamente e hicieron graves acusaciones en su contra, como mantener amenazados a jueces y demás personal para evitar dar salida a ciertos asuntos. El hecho generó al menos tres amparos y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).