CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización ambientalista Greenpeace, interpuso un juicio de amparo por la vulneración a su derecho de petición y a la información por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre hechos denunciados en agosto del año pasado en torno a la siembra ilegal de soya transgénica en Campeche. A través de un comunicado, el organismo indicó que el 22 de agosto de 2016, Greenpeace México AC e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC denunciaron formalmente ante el Senasica que se había detectado la posible siembra de soya transgénica en diversos municipios de Campeche. El hallazgo, consideró, es importante porque contraviene las leyes mexicanas y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deja sin efectos el permiso de siembra de soya genéticamente modificada en etapa comercial para diversos municipios de Campeche hasta que se lleve a cabo la consulta a las comunidades mayas. En la denuncia, abundó Greenpeace, se solicitaba al Senasica el inicio de labores de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las leyes, así como la imposición de la medida de aseguramiento de las semillas transgénicas y sus productos. El 14 de septiembre del mismo año el Senasica respondió a las organizaciones que, si bien agradecía la información, ellos llevarían a cabo labores de inspección conforme al plan de monitoreo de ese año en el estado y, en su caso, se procedería conforme a lo previsto en la ley en el tema de inspección, vigilancia y medidas de seguridad o de urgente aplicación. Sin embargo, subrayó, en seis meses después de haber presentado la denuncia, la autoridad no ha informado a los promoventes de las acciones emprendidas ni de las medidas adoptadas. Greenpeace señaló que cuando se presenta un escrito, las autoridades están obligadas a responder de forma coherente a lo que se les plantea “en un tiempo razonable”, lo que es conocido como derecho de petición. Sin embargo, eso no ha ocurrido por lo que el viernes pasado se presentó un juicio de amparo por la vulneración de ese derecho, del derecho a la información, así como por la contravención de lo previsto en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Dicho precepto dice que la forma óptima de tratar las cuestiones ambientales es con la participación ciudadana, la cual debe ser fomentada por los estados mediante el respeto al acceso a la información ambiental y a los procedimientos administrativos y judiciales, que deben ser tramitados de forma diligente. Al respecto, Greenpeace expresó su confianza en que el juez federal se pronuncie en el sentido que el Senasica violó su derecho de petición y que obligue la autoridad a responderle “en breve término, de manera coherente y por escrito sobre los hechos denunciados en torno a la siembra ilegal de soya transgénica en Campeche”.