CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) manifestó su “enérgica oposición” a los intentos de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar este mes una iniciativa para deducir impuestos a empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración.
En un comunicado destacó que “antes de facilitar aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado”, los diputados deberían de legislar para que la minería a cielo abierto se prohíba en definitiva en México, tal como acaba de suceder en la República de El Salvador.
Y lanzó: “¿Cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitando toda prebenda que la industria extractiva exige para ahora, además del burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente, entre muchos otros perjuicios, la premien con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad misma de sus territorios?”.
La iniciativa –añadió– pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades que dichas empresas generan a su favor, con pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías.
Pero además, subrayó, ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no están en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México.
De acuerdo con la Rema, la pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada diferencialmente a beneficio de los grandes capitales, que no sólo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tiene la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de “servilismo” a favor de intereses económicos contrarios al bien común de la población y nuestros territorios.
La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental. Únicamente se basa en una idea de beneficio económico a corto plazo que no toma en cuenta el medio ambiente y la salud pública, puntualizó.
Según el texto de la Rema, la iniciativa pasa por alto el carácter masivo e irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos.
Y se aduce que a partir de reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera, se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron, sostuvo.
Remató: “Por respeto a la vida y por dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspendan todos los proyectos de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno, criminalmente, les han otorgado”.