CCE exige combate a la delincuencia y la impunidad

lunes, 24 de abril de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial encendió los focos rojos ante el repunte de la delincuencia a lo largo y ancho del país. Al emitir su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sentenció: “México enfrenta un panorama de seguridad complicado, complejo. A pesar de que hemos logrado avances, la inseguridad todavía afecta la vida diaria de millones de mexicanos; sigue siendo un problema transversal en todos los ámbitos de la convivencia, del desarrollo económico y de la integridad del Estado Mexicano”. El empresario señaló que no puede haber una convivencia social saludable, ni un crecimiento económico sostenido sin seguridad para los ciudadanos. “Es indispensable que la integridad física y patrimonial esté asegurada para todos. Tanto la tranquilidad de las familias, como el ingreso de los trabajadores y la productividad de las empresas exigen que se combata la delincuencia y la impunidad en el país”, advirtió. En los últimos meses se ha observado un repunte en los indicadores de incidencia delictiva: en 2016, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue la tercera más alta del siglo. Delitos como el secuestro y la extorsión han aumentado 190% y 450%, respectivamente, en los últimos 16 años. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que el costo total del delito representó 1.25% del PIB del país en 2016. Debilidad de instituciones Para el CCE, la causa de fondo de dicha situación es la debilidad de las instituciones de seguridad pública ya que el estado de fuerza está disperso en más de mil 800 cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno. “Hay una enorme disparidad en la formación y el entrenamiento policial: hoy, más de 60% de los policías en el país sólo cuentan con educación básica. Y las carencias en la procuración e impartición de justicia han ocasionado que 94% de los delitos no sean denunciados ni perseguidos. Una estadística que no hemos podido mejorar en el tiempo”, precisó Castañón. Para el sector empresarial, México tiene un enorme desafío. La tarea va desde el fortalecimiento institucional hasta una estrategia de largo alcance, para generar confianza en nuestras propias instituciones. “En este sentido, resultan imprescindibles acciones de corto, mediano y largo plazo que acompañen y den certidumbre a las fuerzas del orden en el país”, advirtió. Ley de seguridad, impostergable El CCE consideró  “impostergable” que el Poder Legislativo avance en la discusión y, en su caso, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la reforma a la coordinación de los cuerpos policiales, ya que  la participación de las fuerzas armadas es una realidad con la que vivimos todos los días y es indispensable que esté regulada y controlada por un marco jurídico que proteja a los ciudadanos. Según el líder empresarial, “esta legislación no puede ni debe ser vista como la normalización de lo extraordinario, sino como la regulación de lo inevitable. Es decir, necesitamos que la participación de las fuerzas armadas esté regulada, pero no por eso podemos claudicar en la tarea de seguir fortaleciendo los cuerpos civiles de seguridad pública”. Si bien se han logrado avances en la materia, aún no son suficientes. El CCE puso el dedo en la llaga al recordar que la Policía Federal, por ejemplo, pasó de tener 13 mil a 37 mil elementos entre 2006 y 2012, pero este crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. Se han construido más de 38 centros de control de confianza y se creó la división de la gendarmería, pero aún no existe una ruta de profesionalización policial en los tres órdenes de gobierno. Fue más allá, al tema del uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos: “Actualmente, la agenda de seguridad pública en México exige normar el uso de la fuerza; demanda garantías que se traduzcan en legitimidad en la imposición de la ley, el respeto a los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Es necesario construir leyes que nos encaminen a recuperar la confianza entre ciudadanos y policías, así como también permitan un combate eficaz a la delincuencia y una impartición efectiva de la justicia”, planteó el Consejo Coordinador Empresarial.