CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Senado aprobó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI), exhortaron a los integrantes de la Cámara de Diputados a refrendar su respaldo a dicha legislación. En comunicados de prensa por separado, reconocieron en dicha ley el esfuerzo de las familias de víctimas de desaparición para sacar adelante la normatividad, aunque no se apegó del todo a los requerimientos que pusieron sobre la mesa cuando inició el proceso legislativo, hace dos años. La ONU-DH destacó que el asunto donde no se lograron consensos se centra en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda, “especialmente en relación a las facultades y recursos”, por lo que consideró que “el éxito de esta ley dependerá de sus resultados”. La oficina de la ONU puntualizó que en el tema de búsqueda de desaparecidos y de las características y atribuciones dadas a la Comisión Nacional de Búsqueda, “será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos”. Tras reconocer que la ley fue aprobada por el Senado después de al menos cuatro décadas de desapariciones, muchas de ellas forzadas, la ONU-DH admitió que el tipo penal de desaparición forzada contemplado en la ley se apega a los estándares internacionales y a recomendaciones de organismos de la ONU, así como a aquellas del Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita a México en octubre de 2015. Las consideraciones apegadas al derecho internacional de la desaparición forzada contempladas en la ley se refieren al carácter permanente e imprescriptible de la conducta, “y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables”. Entre sus características, la nueva ley “plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información”, como los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Además “se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la denominada ‘Guerra Sucia’, (así) también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas”, destacó ONU-DH. Por su parte, la CNDH advirtió en los preceptos de la ley planteamientos que el organismo internacional hizo durante el proceso de dictaminación, por lo que celebró la aprobación en el Senado “para que en nuestro país dichos delitos sean perseguidos de oficio y tengan carácter de permanentes o continuos, imprescriptibles y no estar sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de terminación anticipadas del proceso u otras de similar naturaleza”. Al señalar que la ley general “resulta de gran importancia para erradicar esa nociva práctica en nuestro país”, el organismo público hizo un “reconocimiento expreso al trabajo incesante e incansable que diariamente realizan miles de familias que se han enfrentado al infortunio de la desaparición de algunos de sus seres queridos, a sus aportaciones y la de colectivos de la sociedad civil”. En tanto, Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, consideró que el dictamen aprobado por el Senado “puede constituir un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país”. Mediante un comunicado, Guevara Rosas puntualizó que “la aprobación definitiva del proyecto de ley es decisivo para poner fin a la pesadilla que día a día viven miles de familias que buscan a sus seres queridos, enfrentando enormes riesgos y haciendo labores que corresponden a las autoridades públicas”. Sin embargo, la defensora señaló que la legislación que deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados “nace con un débil sistema de búsqueda y su implementación requerirá una seria voluntad política para brindar justicia, verdad y reparación a tantas familias que con sus esfuerzos llevan años buscando a sus familiares”. Expresó su respeto y respaldo al “trabajo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país”, que contribuyeron “con su gran esfuerzo en la creación de esta ley”.