Respuesta de México a solicitudes de refugio, muy por debajo de las necesidades de protección: Ibero

jueves, 27 de abril de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La respuesta de México a las solicitudes de refugio por parte de inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala, “está muy por debajo de las necesidades de protección”. La afectación para las personas que llegan al país con necesidad de obtener protección internacional “es dramática”, subraya la Universidad Iberoamericana (Ibero) en un comunicado, y destaca que México, de ser un país por el que transitan miles de personas hacia Estados Unidos, se ha ido convirtiendo en los últimos cinco años en una nación vez más de destino. La violencia en Centroamérica genera que la migración, hasta hace muy poco meramente económica hacia Estados Unidos, haya cambiado a ser un desplazamiento forzado de personas con necesidad de protección Internacional, apunta. Y detalla que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 400 mil personas pasan por el territorio nacional. De estas, 150 mil tendrían derecho a protección internacional, de acuerdo con los criterios establecidos en la declaración de Cartagena sobre violencia sistemática. Las cifras oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) evidencian que el número de solicitantes ha ido en aumento en los últimos cuatro años, especialmente en el último. Mientras en 2015 se presentaron 3 mil 424 solicitudes, en 2016 se realizaron 8 mil 781, es decir, se produjo un aumento del 156%. Sin embargo, la respuesta de México está muy por debajo de las necesidades de protección; en 2015, de las más de 3 mil solicitudes, el gobierno otorgó solo 949 estatus de refugio. Para 2016, de las 8 mil se reconocieron menos de 3 mil. Aunque ha habido un incremento comparativo, aún prevalecen diversos retos para que las personas refugiadas puedan acceder al procedimiento y ejercer sus derechos, según el comunicado de la Ibero. La afectación para las personas que llegan a México con necesidad de obtener protección internacional es dramática, subraya. Año con año, precisa, el número de migrantes detenidos y deportados por el gobierno mexicano es cada vez mayor. Instituciones de la sociedad civil estiman que desde 2000 hasta 2015 se ha detenido a cerca de 2.1 millones de migrantes. Más de la mitad de las detenciones se producen tan solo en Chiapas y Tabasco. De acuerdo con el comunicado, en ese contexto la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús acordó con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) la asistencia, desde su conocimiento y experiencia, para el acompañamiento a la población solicitante y refugiada. Según estimaciones de ACNUR, para el presente año 20 mil personas buscarán el refugio en México, como consecuencia de la actual política migratoria de odio y criminalización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esa posición ha venido a agravar las anteriores políticas migratorias de la región, que ponían en el centro la seguridad territorial y la militarización de las fronteras, trayendo como consecuencia un alto nivel de delitos y violaciones de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de Centroamérica y de los flujos emergentes de africanos y haitianos presente en 2016 y lo que va de 2017, destaca el texto. Tal situación, añade, nos habla de que en México y en Estados Unidos se da una violencia y violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Actualmente el SJR (JRS en inglés) cuenta con 11 oficinas regionales y tiene presencia en 58 países. Acompaña a más de 500 mil personas desplazadas forzadamente en el mundo para contribuir a garantizar el acceso a derechos y cubrir necesidades básicas de salud, educación y nutrición, contribuyendo a la integración social-económica-política de las personas refugiadas y sus familias a los nuevos contextos de países a donde llegan. En México, el SJR trabajará de la mano con el Servicio Jesuita a Migrantes y otras obras de la Compañía de Jesús, ofreciendo acompañamiento psicosocial y jurídico en Tapachula y Frontera Comalapa, finaliza el comunicado.