México vive una crisis de legitimidad y credibilidad: ministro Arturo Zaldívar

martes, 4 de abril de 2017 · 19:22
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que en México se vive actualmente una crisis institucional de legitimidad y credibilidad, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apuntó, es fundamental para encontrar una vía pacífica, serena y constitucional para resolver nuestras diferencias. Durante su participación en el foro “Desafíos y propuestas sobre la nueva constitucionalidad en México. Una reflexión crítica sobre la Constitución de 1917”, en la Universidad Iberoamericana (Ibero), el ministro reconoció que la gente está molesta, a veces desesperanzada y con un hartazgo “por errores y comportamientos de la clase política que afectan a todas las instituciones”. Ante esa realidad, dijo, la Corte tiene un compromiso con México: “Seguir por la ruta del desarrollo y protección de los derechos humanos”. Los derechos humanos no son una agenda que se toma y luego se deja de lado. “Los derechos humanos son la agenda fundamental, primordial, de todo tribunal constitucional”, destacó Zaldívar Lelo de Larrea en su ponencia “La Constitución Mexicana: ¿auténtica norma o documento político?”. Según el ministro, en el destino de la SCJN se jugará muy pronto el destino de México, pues “en la Corte se juega la gobernabilidad, se juega la vigencia de los derechos humanos, se juega la vigencia del Estado de Derecho”. Y consideró que en un país dividido y polarizado, la Corte es fundamental para encontrar una vía pacífica, serena y constitucional para resolver nuestras diferencias. En un comunicado, la Ibero destacó que Zaldívar Lelo de Larrea, quien también es docente en el Departamento de Derecho de esa institución académica, admitió que la SCJN debe hacer un esfuerzo por estar más cerca de la gente. “Explicar sus decisiones, entender con sensibilidad humana y social lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente, sus reclamos de justicia. Creo que nos hace falta ser profundamente autocríticos, ser austeros, republicanos, ser transparentes”. Añadió: “Estar todos los días replanteándonos si vamos por el camino correcto o no. Porque en el momento que vivimos, y quizás en los momentos que viviremos en el futuro próximo, la legitimidad y la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la gobernabilidad, la legitimidad y la viabilidad del Estado mexicano, me parece que va a ser fundamental”. En el auditorio Crescencio Ballesteros de la Ibero, el ministro dijo a los presentes que hoy en día se puede advertir que en los últimos años el desarrollo y énfasis del trabajo de la Corte ha estado en los derechos humanos. “Hemos cambiado paradigmas, no sólo a partir de la muy importante reforma de 2011, sino incluso antes. Y hoy basta que ustedes puedan ver la jurisprudencia de la Corte en todos los temas”, entre los cuales citó: el debido proceso legal, la presunción de inocencia, la prueba ilícita, el efecto corruptor, el combate a la tortura, la libertad de expresión, la defensa del interés superior del niño, la defensa de la igualdad de la mujer, la no discriminación y desigualdad hacia personas con orientaciones sexuales minoritarias, y la protección para las personas con discapacidad. También mencionó que se han desarrollado temas de derechos sociales, como el derecho a la salud, a la educación y a una vivienda digna y decorosa, o la eficacia de los derechos humanos frente a particulares. “La pléyade de decisiones que ha tenido la Corte a lo largo de estos años en materia de derechos humanos me parece, sin exagerar, que es impresionante”. En respuesta a la pregunta con la que nombró su ponencia, el ministro Arturo Zaldívar dijo: “Toda Constitución es un documento político; pero una Constitución auténtica es además una norma jurídica. Es una norma jurídica en cuanto que es un límite al poder, al ejercicio del poder, y en cuanto la Corte y los jueces la aplican para defender los derechos. Entonces, la Constitución Mexicana, hoy, es una auténtica norma jurídica” que rige las relaciones entre poderes, y protege los derechos humanos de todos los habitantes de este país.

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