CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el escándalo de corrupción por los contratos obtenidos por el empresario brasileño Marcelo Odebrecht en Latinoamérica y México mediante sobornos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que Pemex y sus filiales, así como los gobiernos estatales, determinen si procede cancelar aquéllos o revocar concesiones, pasadas y futuras. Además, se solicita a la PGR y Secretaría de la Función Pública (SFP) informen a los diputados sobre los avances de las investigaciones y enlisten todos los contratos firmados con Odebrecht. En especial, se pide a Petróleos Mexicanos que informe a la Cámara “el estado que guarda el contrato de gas etano denominado Etileno XXI y las relaciones contractuales con Odebrecht”. Los legisladores también solicitan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise la legalidad de todos los “contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas” en las que hayan participado o estén participando Odebrecht, sus filiales y subsidiarias. Después de dos meses de oposición y bloqueo por parte del PRI para que se aprobara la solicitud de investigación demandada por Morena desde el 9 de febrero pasado; de postergar la sesión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para avalar el dictamen que hoy se aprobó, y luego de tres horas de retraso de cabildeo por parte de los priistas, finalmente este miércoles en la mencionada comisión se dio luz verde al dictamen. Los partidos PES, Panal, MC, Morena, PVEM, PRD y PAN hicieron fuertes críticas a los actos de corrupción en que ha incurrido Marcelo Odebrecht, empresario de origen brasileño y dueño de la empresa. Los diputados recriminaron la corrupción y el que Odebrecht haya entregado 10.5 millones de dólares a una decena de altos funcionarios de Pemex para lograr contratos entre 2010 y 2014. Sólo el PRI evitó ejemplificar casos en los que participó Odebrecht, tampoco defendió a su exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y únicamente se limitó a decir que al avalar el dictamen de la comisión el Revolucionario Institucional demuestra que “vamos por la rendición de cuentas, y con ello se envía un mensaje de que no tolera ni solapará a nadie por ningún acto de corrupción de este o pasados gobiernos”. El diputado priista Pedro Luis Noble Monterrubio fue el encargado de fijar la posición de partido: “Que se investigue, sancione y ejerzan sanciones... el PRI es congruente con las acciones del presidente Enrique Peña Nieto en contra de la corrupción”, y para sustentar su dicho recordó que la SFP ha sancionado a 38 mil 300 funcionarios públicos ante posibles actos indebidos. Morena, a través de su coordinadora Rocío Nahle y quien promovió la solicitud de investigación, reclamó que la PGR haya decidido mantener en secreto o reserva durante cinco años las investigaciones en torno a Odebrecht y los contratos en México. Igual aclaró que la Ley de Transparencia en su artículo 115, fracción II, prohíbe la reserva de información cuando se trate de actos de corrupción. “No puede reservarse información porque encubre un nudo de corrupción”. También recordó que, desde 2006 a la fecha, Odebrecht ha obtenido contratos de cuando menos 5 mil millones de dólares con Pemex y sus filiales. El PAN, en voz de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García --cuyo partido estaría involucrado en los sobornos por estar al frente del gobierno federal de 2010 a 2012, los dos primeros años en que se entregó el soborno de Marcelo Odebrecht— la emprendió contra el exdirector de Pemex en los primeros años del peñismo. “Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, no sólo es responsable de los contratos entregados a Odebrecht, también es responsable del quebranto de Pemex sin que hasta el momento se le haya fincado responsabilidad alguna”, soltó. Incluso destacó que, en octubre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado a Odebrecht, quien dijo que tenía proyectos para invertir en México en petroquímica, saneamiento, etanol, azúcar, energía bio-renovable y carreteras, pero lo más insólito, añadió, es que el actual procurador Raúl Cervantes se haya trasladado a Brasil el 16 de febrero pasado para conocer el expediente, y hoy se da a conocer que las indagaciones estarán reservadas. “No vamos a permitir que se oculte información, es inadmisible; en otros países ya hay cancelación de contratos y confiscación de bienes y aquí se pretende ocultar información”, denunció la panista Lorena del Carmen Alfaro. Agustín Basave, diputado del PRD y miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dijo que del escándalo de la “Casa Blanca” a Odebrecht hay un largo camino para documentar la corrupción, pero que en principio se deben cancelar todos los contratos. Del partido Movimiento Ciudadano (MC) el diputado Jorge Álvarez Máynez fue más allá del caso de la empresa brasileña; este, alertó, “es uno de los últimos capítulos de la descomposición de la vida pública”. Luego recordó que la corrupción en México le cuesta anualmente a los mexicanos 900 mil millones de pesos, “lo que serviría para hacer frente durante 11 años al gasolinazo”, o también para aplicar todos los programas educativos en el país. “Capitalismo de compadres”, título el caso de Odebrecht, parafraseando a Gary Becker, premio Nobel de Economía, y donde México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en ese “capitalismo de compadres”. “Y no sólo Emilio Lozoya gastó un promedio de 180 mil pesos en vuelos privados con cargo a los mexicanos, o el fiscal de Nayarit (Edgar Veytia) que está vinculado con delitos contra la salud, también está el caso de Odebrecht y, con los datos de la ASF en las revisiones de las cuentas públicas de 2010 a 2014, hay elementos para actuar contra este caso, no hacerlo es simular. Y esto es una pieza más del entramado de la corrupción”, sentenció el diputado de MC. Y para sorpresa de muchos, también el PVEM habló en contra de Odebrechet: la diputada Daniela de los Santos Torres dijo que la empresa está desde 1991 en México, y que en su tierra, Michoacán, se quedó con el contrato para la construcción de la planta de agua “Francisco J. Mújica” en el municipio de Nueva Italia. “A pesar de haber sido un contrato de llave en mano, que no es otra cosa que el que no se pueda modificar el costo, la empresa Odebrech firmó por mil 500 millones de pesos, pidió ampliación y la presa terminó costando 2 mil 862 millones de pesos, con una obra deficiente y que incumple con los propósitos para los cuales fue construida”, denunció desde tribuna. José Alfaro Ferreiro, del partido Encuentro Social, dijo que lo peor de todo es que la empresa contaba con “un departamento para sobornos”, y a los funcionarios mexicanos les entregó 10.5 millones de dólares, “pero aún nos faltan los nombres. Es lamentable que en México se hayan manejado así las cosas. Este no es un tema político o de partido, es un asunto de corrupción”. Por ello dijo, el PES exige que se investigue, se revise y se realice de manera apartidista toda la indagación. “Mano dura contra todos los funcionarios, que se cancelen los contratos y que el Estado no les vuelva a dar nuevos”, sentenció. El Panal, partido creado por la hoy presa Elba Esther Gordillo, se pronunció a través del diputado y sindicalista Alfredo Valles, quien sostuvo que uno de los actos que más dañan al país es la corrupción, las formas de desviación de los recursos públicos, debido a que es una falta de ética pública. Por ello, sostuvo, hay que castigar e identificar a quienes incurrieron en ello. “Y no basta con crear leyes, hay que hacer cambios estructurales que permitan desmantelar las redes de corrupción”, emplazó.