CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar versiones públicas de los convenios de apoyo a la estructura de seguridad pública de los estados correspondientes al 2016. Y deberá comprobar la inexistencia de ese tipo de convenios en el presente año y los criterios para las operaciones que desarrolla en las ciudades. Lo anterior en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por un particular quien solicitó a la Sedena conocer el número de brigadas de la Policía Militar desplegadas en el país; las actividades que desempeñan; conocer si existe la firma formal u oficial de algún acuerdo o convenio con los gobernadores en materia de seguridad pública y, en su caso, en qué consiste el apoyo brindado a las entidades federativas. La Sedena respondió que contaba con siete brigadas de la Policía Militar en diferentes entidades del país, precisó las actividades desempeñadas, el tipo de personal que las integra y aclaró que no existe una capacitación especializada en materia de seguridad pública para ellas. Sin embargo el solicitante interpuso un recurso de revisión porque la Sedena no dio respuesta a la petición sobre los acuerdos o convenios suscritos con los gobernadores, el apoyo a brindar a los estados y los criterios de operaciones a desarrollar en las ciudades. En los alegatos, la dependencia informó que ha firmado convenios con diferentes estados para que personal militar apoye la estructura de seguridad pública, pero declaró que dichos documentos contienen una cláusula que los considera como información reservada. La ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana solicitó una audiencia de acceso a la información con la Sedena, en la que tuvo a la vista tres convenios en materia de seguridad pública correspondientes a 2016, y de 2017 no se contó con ninguno porque aún no se llevan a cabo. Tras realizar su análisis, la comisionada determinó que la Sedena no emitió respuesta alguna respecto de la existencia de la firma formal u oficial de convenios con los gobernadores, el apoyo que darán a las entidades federativas y los criterios para las operaciones a desarrollar en las ciudades. Y argumentó: “Si bien los convenios contienen una cláusula de reserva, este no puede estar por encima de las disposiciones constitucionales y legales, de las que se desprende que, en principio, toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, salvo que se actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad, previstos en la ley de la materia, siendo como único caso el citado anexo uno, colocando al sujeto obligado en posibilidad de otorgar una versión pública de los convenios, en lo que solo protegerá aquella información que dé cuenta del estado de fuerza”. Por lo anterior, la ponencia concluyó que el sujeto obligado no proporcionó información sobre lo solicitado. Por lo anterior la comisionada propuso, con el aval del pleno del INAI, solicitar a la Sedena que remita al particular versiones públicas de los convenios de apoyo a la estructura de seguridad pública de los estados, correspondientes a 2016, en los que proteja la información que dé cuenta del estado de fuerza de la Sedena y emita el acta correspondiente mediante el que clasifique esa información, a través de su comité. Asimismo pidió a la dependencia federal que funde y motive la inexistencia de los convenios relativos al año 2017, así como los criterios para las operaciones que desarrolla la Sedena en dichas ciudades.