CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por organizaciones civiles, académicos y defensores de derechos humanos, alertó que en caso de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, hechos como los de Palmarito, Puebla, ocurrirían de manera frecuente, por lo que exigieron una “moratoria” legislativa para discutir el modelo de seguridad que el país necesita. Tras la difusión de un video en el que se observa el crimen de un soldado a manos de un civil, y la ejecución de un civil que es sometido por un militar, el colectivo destacó que ese tipo de acciones son “prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conllevan el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones a derechos humanos”. En un comunicado, los activistas exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) –responsable de la investigación de los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles 3 en Puebla– que “actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluidos el lamentable homicidio del servidor público y la ejecución arbitraria”. Sobre el crimen del civil, pidieron a la PGR “que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia”. De acuerdo con los integrantes de #SeguridadSinGuerra, las “preocupantes imágenes” divulgadas en distintos videos confirman lo sostenido por representantes de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, en el sentido de que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad que se vive en el país, “lo que necesitamos no es militarización, sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral del sistema de justicia penal que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de policías”. Los firmantes del comunicado solicitaron a los legisladores, particularmente a quienes presiden las comisiones legislativas de Gobernación y de Seguridad Pública, así como a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, “una moratoria en la emisión de la miscelánea penal y las iniciativas de seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad, considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década”. Los hechos ocurridos en Puebla, así como otros conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre ellos el de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas a manos del Ejército, demuestran que “las actividades de seguridad pública no son propias de las Fuerzas Armadas y que ‘desnaturalizan’ –en palabras del secretario de la Defensa Nacional– las acciones del Ejército”, puntualizaron los activistas. Luego de recordar que desde diciembre de 2006 a abril de 2017 la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, los miembros de #SeguridadSinGuerra consideraron que el hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, “no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos”. De igual manera, resaltaron que lo mostrado en el video “no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento, de acuerdo con los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército”. Los hechos que precedieron a esa situación, “e incluso el ataque contra otro soldado –añadieron– no son de ninguna manera justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida”. El colectivo #SeguridadSinGuerra insistió en su llamado a la PGR en el esclarecimiento de los hechos, así como a los legisladores para que discutan otro modelo de seguridad, tomando en cuenta la experiencia de la última década de “guerra contra el narcotráfico”.