CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general José Carlos Beltrán Benítez, la implementación de medidas cautelares en favor del periodista Jesús Aranda Terrones y del diario La Jornada, con el fin de evitar daños al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. En un comunicado, la CNDH precisó que las medidas solicitadas consisten en que la Sedena asegure que a los medios informativos y reporteros acreditados ante esa dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso, sin distinción alguna. De igual manera, evitar que servidores públicos de ese instituto armado nieguen el acceso a los representantes de los medios de comunicación a los actos que se realicen en las instalaciones de la Sedena, conforme a los procedimientos establecidos para todos. Mediante oficio suscrito por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, la CNDH comunicó al general Beltrán Benítez sobre el escrito de queja presentado por el agraviado, a quien se le impidió subir al autobús que conduciría a los reporteros a la inauguración del “Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes”, el pasado miércoles 24, ya que un oficial le informó que “no podía acompañarlos porque no había sido invitado y que eran órdenes superiores de la dirección general de Comunicación Social de la Sedena”. De igual manera, se le hizo saber que de acuerdo con la queja recibida, el periodista y el diario en que labora no han recibido, desde enero de este año, las invitaciones y comunicados sobre las actividades de la Sedena. "Lo que dificulta que los eventos organizados por dicha dependencia reciban la cobertura de medios de comunicación, garantía de toda sociedad democrática, por lo que es necesario implementar a la mayor brevedad las acciones necesarias para que dicho medio de comunicación y sus periodistas acreditados puedan cubrir tales eventos, y los lectores recibir la información que corresponda”, refire. En su comunicado la CNDH destacó que sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, considera que de no tomarse las medidas pertinentes, los actos denunciados pueden volver a ocurrir “afectando los derechos a la libertad de expresión y a la información” tanto del periodista como de La Jornada y sus lectores, “poniendo en entredicho la garantía de una sociedad plural y diversa”. La solicitud de medidas cautelares –agregó– se encuentra establecida en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en los artículos 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, y cumple con los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño para que se proceda a su otorgamiento. La CNDH detalló que las medidas cautelares deberán realizarse durante el tiempo que resulte necesario, y en ellas se solicita al director general de Derechos Humanos de la Sedena que informe al organismo nacional, en un plazo máximo de 72 horas, respecto de la aceptación de las mismas y sobre las actividades que se han realizado para su cumplimiento. De igual manera, advirtió que observará la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.