MONTERREY, NL (apro).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, impugnará mediante una controversia constitucional, el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pues quiere que sean los ciudadanos, mediante el voto directo, los que elijan a un fiscal general, y no una junta de notables, como lo acordaron los diputados locales. En entrevista, El Bronco lamentó que el Congreso local desechara su propuesta con la que busca evitar que la justicia en Nuevo León sea administrada por algunos “despachos favoritos”, que estarían en contubernio con el grupo de “especialistas” que reclutarían a los candidatos al puesto. “Creo que no puede ser un grupo de notables el que decida el futuro de la justicia de la entidad. Luego se van a convertir más despachos favoritos, algo que estamos tratando de evitar. Yo presenté una iniciativa de ley que ni siquiera fue tomada en cuenta”, explicó. El gobernador independiente detalló que su propuesta era que “la elección del próximo fiscal se hiciera de manera directa y que los ciudadanos participen en ella. Pero los diputados y el grupo de notables dicen que los ciudadanos todavía no tienen la capacidad o la inteligencia de poder decidir. Yo creo todo lo contrario”. En el pasado reciente, se ha mencionado que el bufete de abogados Santos-Elizondo es el “despacho favorito” de Nuevo León, por estar integrado por parientes y amigos de la clase gobernante, quienes manejan la justicia a su favor en casos polémicos y con tarifas accesibles únicamente para la clase pudiente. Por ello, dijo, recurrirá a una controversia constitucional, pues no puede dejar que esta decisión quede como la han propuesto los legisladores, que aprobaron la creación del SEA el pasado 31 de mayo. “Tenemos que ver cómo el abogado del pueblo va a defender los intereses del Estado. Esperamos que la elección del fiscal autónomo no nos vaya a causar luego problemas. Que no nos vaya a pasar como el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que nos trae de cabeza y patas pa’rriba, con delincuentes en la calle y con muy pocos policías”, señaló. El mandatario estatal explicó que, como carece de facultades para vetar la recién creada legislación, recurrirá a la justicia federal para que sea esta la que le dé la razón a las partes a través de la controversia. La decisión sobre la manera en que se elija al nuevo fiscal es trascendental para el futuro de la entidad, afirmó, pues existen en la entidad 865 agentes del Ministerio Público y mil 200 policías ministeriales que deberán ser guiados por una persona idónea. “Si estos agentes están bajo el mando de alguien que ni va a saber qué pasa, sería como entregar el estado a la delincuencia y a la impunidad. Eso es algo que tenemos que prever que no vaya a suceder”, dijo. El SEA contempla, entre otras innovaciones, la creación de los fiscales general Autónomo, otro Anticorrupción y uno más especializado en Delitos Electorales.