CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace poco más de un mes, el 23 de mayo, las organizaciones ciudadanas que participaban en la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) denunciaron espionaje político, pidieron que el Instituto Nacional de Transparencia contribuyera a la apertura de los contratos con empresas de espionaje e iniciara una investigación por violación de datos personales. No tuvieron respuesta ni interlocución hasta ahora, a unas horas de participar en una reunión de la AGA en Nueva York, donde denunciarán las condiciones en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha espiado a las ONG. A una semana de la difusión en el extranjero y en México del informe #GobiernoEspía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer lo que hará ante el reclamo, aunque en el comunicado emitido no menciona que las organizaciones ya le habían solicitado su intervención. El rompimiento del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC), que integra el secretariado técnico tripartita de la AGA, fue abordado en la edición 2121 de la revista Proceso correspondiente a esta semana. Como se informó, las ONG decidieron salir de la mesa de diálogo, tras detectar el espionaje a través del malware Pegasus a Alejandro Calvillo, Luis Manuel Encarnación y Simón Barquera, tres investigadores relacionados con el derecho humano a la salud que participaban en una agenda de regulación que afectaría a la industria refresquera. La identificación de casos ocurrió desde la primera quincena de febrero y se hizo público. De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora en México de Artículo 19, se lo dijeron a la titular de la Función Pública, Areli Gómez, quien se comprometió a darles una respuesta en breve. Como en el caso del INAI, eso jamás sucedió. Nueve meses antes de aquel febrero, Artículo 19 y la Red de Derechos Digitales (Red 3D) preparaban el informe que, una vez concluido, acumuló casos de defensores de derechos humanos y periodistas, para presentar sus resultados el lunes 19. Fue hasta la tarde de este lunes cuando el INAI se pronunció respecto del tema, reprobó toda violación –sin referir en específico el caso del espionaje político– a los derechos humanos de comunicación, información, libertad de expresión y protección de datos personales, anticipando que actuará conforme a la ley. En su comunicado, el organismo garante de la transparencia, recordó la forma en que pueden obtenerse los datos personales, así como el tratamiento que debe dárseles, estableciendo que nunca deben usarse “con propósitos diferentes para los cuales hayan sido obtenidos”. Añade: “Con el alcance de su competencia, en el marco de las atribuciones y obligaciones, el INAI iniciará las investigaciones pertinentes y, en su caso, la verificación oficiosa en contra de las instancias públicas y privadas que resulten involucradas en la recolección y tratamiento de datos personales mediante uso de software malicioso, para determinar lo que en derecho proceda”. Llamó también a quienes se sientan víctimas de esta práctica a presentar denuncias en el INAI y a que aporten elementos para la investigación. “El INAI promoverá la rendición de cuentas y la transparencia de oficio y proactiva sobre toda la información relacionada con los contratos y operaciones en la adquisición de cualquier sistema o equipo de software en los términos de la ley aplicable”, agrega el comunicado. En entrevista el viernes anterior con Proceso, Ana Cristina Ruelas había expuesto la inacción del INAI que, ahora, retomando los planteamientos del NOSC de la AGA, luego de permanecer indiferente y sin comunicación, finalmente se pronunció al respecto. Incluso la semana pasada el semanario solicitó al INAI una posición de su presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, pero no hubo respuesta.