'Cosméticas”, las acciones del gobierno de Peña en defensa de la comunidad LGBTTTI: ONG

jueves, 6 de julio de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las acciones del gobierno mexicano en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales e Intersexuales) han sido insuficientes y cosméticas. Así lo revelaron las agrupaciones México Igualitario; Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A.C., y Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), tras precisar que de enero de 2014 a diciembre del año pasado, 202 personas LGBTTTI o percibidas como tales fueron asesinadas en el país, es decir que se registraron 67 asesinatos por año y alrededor de seis por mes. En conferencia de prensa detallaron que de ese total de homicidios, 108 corresponden a mujeres “trans” –travestis, transgénero y transexuales--, 93 a hombres homosexuales y uno a una mujer lesbiana. Los datos arrojan que este es el primer año que el número de mujeres “trans” asesinadas es mayor al de homosexuales. Por estas cifras, las agrupaciones consideraron que el gobierno de México no puede hablar de avances en favor de los derechos de esta comunidad, porque las normas y protocolos todavía no se materializan en políticas públicas reales. “Nos parecen avances que pueden quedarse en lo cosmético”, subrayaron, e indicaron que todos los logros que señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en la sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron pretensiones. "Son un ‘vamos a hacer o estamos en proceso’, por lo tanto no tienen un impacto real”. Alejandro Brito, de Letra S, señaló que si realmente el Estado tuviera la voluntad de hacer un cambio profundo y real para mejorar las condiciones de derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, “no estaría reportando los cambios en los programas y en la currícula escolar”. Y sin embargo, criticó, el gran ausente en la sesión fue la Secretaría de Educación Pública. “En materia de educación no hay ningún avance, incluso podríamos hablar de retroceso porque vemos cómo los sectores conservadores han estado boicoteando o evitando logros en el tema. El cambio profundo de la sociedad, por la forma en que trata a la comunidad, solamente se puede dar a través de la educación”, sostuvo. En su intervención, Alex Alí Méndez, de México Igualitario, reclamó que Campa Cifrián atribuyera como logros del gobierno de Enrique Peña Nieto el criterio de 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para permitir los matrimonios igualitarios, así como los avances en el reconocimiento identitario. “Es una vergüenza que el Estado mexicano se enorgullezca de avances que no han propiciado las instituciones. Se le olvida al presidente que estos logros los construyó la sociedad civil a través de su lucha. Es un mérito 100% ciudadano. Fue la falta de interés del gobierno la que hizo que las organizaciones se empoderaran”, recalcó. Los organismos también manifestaron su molestia por la iniciativa del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en lo que respecta a las reformas a la Constitución en materia de matrimonio igualitario, dado que no consultó a las organizaciones locales que trabajan en el tema desde hace varios años. “Se hizo sin el consenso de la sociedad civil que ha impulsado el tema a nivel nacional”, indicaron. Las organizaciones lanzaron las críticas después de la transmisión en vivo de la audiencia 163 del periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, donde por primera vez participaron integrantes de esas asociaciones civiles mexicanas para exponer la situación actual de la comunidad LGBTTTI. A la sesión realizada en Lima, Perú, asistieron, además de Campa Cifrián, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli; Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred. Derechos pendientes Los organismos destacaron que sigue pendiente un Registro Nacional de Casos de Crímenes cometidos contra la comunidad LGBTTTI, además de un registro general de estas personas, porque las estadísticas que se tienen y que ellos evidenciaron provienen de los colectivos y de notas periodísticas. También solicitaron a la CIDH dar seguimiento a la situación de derechos humanos de esa población en México, mediante una visita in loco para “examinar las formas en que se vulneran los derechos humanos”. Finalmente, emplazaron al presidente Enrique Peña Nieto a ofrecer respuestas en un plazo máximo de 30 días.

Comentarios