CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el emplazamiento de un juez para que la PGR responda ante las omisiones cometidas en el caso Tlatlaya, es una muestra de que la autoridad civil debe conducir la seguridad pública. Entrevistado luego de su participación en el foro “Prioridades para un programa de gobierno”, que organizó la Fundación para la Democracia, el ombudsman recordó que, si bien es “insensato que se retiren las fuerzas armadas en estos momentos de la seguridad”, el gobierno federal debe trabajar en un plan de retorno “verificable” y en el que se capacite en paralelo a las corporaciones policiales. “Ya son más de 10 años tratando de profesionalizarlas”, criticó. En el mismo sentido y respecto del fallo del juez dado a conocer ayer, dijo que este coincide con las peticiones que la CNDH hizo en el mismo tiempo. “Nosotros lo advertimos desde hace más de un año. Les dijimos que la respuesta de la PGR tenía que fortalecer la averiguación previa para ponerla en manos de un juez; hoy el juez nos da la razón”. No obstante, González Pérez no profundizó más en el tema. Ayer, un juez del Décimo Juzgado de Distrito de Amparo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014, acción que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada.