CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su peregrinar en busca de justicia, familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando acudieron hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) con la esperanza de reunirse con su titular, Raúl Cervantes, para plantearle la necesidad de abrir la investigación a fin de conocer el alcance de la misma después de siete años de la tragedia que enlutó sus hogares. Sin embargo, no lograron ver al funcionario federal. Sólo fueron atendidos por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos durante escasos 30 minutos. “No podemos ayudar, somos intermediarios”, les dijeron, según narró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). Delgadillo representa legalmente a nueve familias que perdieron a sus hijos y hermanos en el rancho El Huizachal, ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes –58 hombres y 14 mujeres– en el 2010 a manos de presuntos sicarios al servicio del crimen organizado. La representante acompaña a las familias que provienen de Guatemala y El Salvador, quienes ayer denunciaron en conferencia de prensa que, a siete años de distancia, no está claro aún quiénes son los responsables de la matanza y si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales. También aseguraron que viven en la incertidumbre por no saber si los restos que les entregaron pertenecen realmente a sus familiares que se dirigían a Estados Unidos. Recordaron que todavía siguen sin ser identificados 10 de los 72 cadáveres. Todas esas dudas querían planteárselas al titular de la PGR, pero los servidores públicos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos les dijeron que les entregaran por escrito sus cuestionamientos. “Esto es una falta de respeto, los familiares vienen desde lejos para poder hablar con el procurador y nos salen con esto. Es una grosería para los migrantes y para los mexicanos”, dijo, molesta, Berenice Valdez Rivera, del colectivo Migración para las Américas, otra de las acompañantes de las familias centroamericanas. Ana Lorena Delgadillo demandó la intervención de la diplomacia para que coadyuve con las familias que también pretenden solicitar a las autoridades mexicanas exhumar y practicar análisis de ADN a los restos de las víctimas. Antes de partir con las manos vacías, la directora de FJEDD subrayó: “No estamos pidiendo imposibles, pedimos que se identifiquen los restos, copias de los expedientes, que los mecanismos funcionen y funcionen bien. Pedimos justicia y nada más. “La masacre de los 72 representa y es el inicio de una de las peores tragedias que ha vivido la población migrante. Queremos que se investigue, se sancione y se repare el daño”.