WASHINGTON (apro).- Bajo el argumento de que el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en sus intentos por garantizar la integridad de los derechos humanos de los mexicanos, seis organizaciones pidieron al presidente Donald Trump retener el 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida, enfocada a la lucha bilateral contra el narcotráfico en México. A través de un memorando dirigido al secretario de Estado del gobierno de Trump, Rex Tillerson, y a varios legisladores federales, las organizaciones destacaron que el gobierno mexicano incumplió para mejorar los derechos humanos en el último año. “El 30 de septiembre el Departamento de Estado necesita reportar al Congreso sí México ha hecho lo suficiente para mejorar la situación de los derechos humanos en cuatro áreas, como condición para liberar ciertos fondos seleccionados para el ejército mexicano. Estados Unidos no debe liberar la porción de la ayuda a México debido a la falta de progresos en el cumplimiento de los requerimientos sobre derechos humanos”, puntualizan las seis agrupaciones que enviaron la carta a Tillerson. El documento firmado por Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Latin America Working Group y Washington Office on Latin America, enfatiza que el gobierno de Peña Nieto ha demostrado desinterés político para priorizar los derechos humanos de los mexicanos, e investigar y castigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. En caso de que la petición de las organizaciones sea escuchada, el Departamento de Estado retendría el 15% de los 147 millones de dólares que aprobó el Congreso para continuar apoyando a México en la lucha contra el narcotráfico con la Iniciativa Mérida. “El Departamento de Estado no debe certificar que se han hecho progresos en México”, subraya el memorando. Tillerson tiene la autoridad de suspender la ayuda si considera que el gobierno mexicano incumplió con el condicionamiento en materia de la defensa de los derechos humanos. Entre las áreas definidas por las organizaciones no gubernamentales como fracasos del gobierno de Peña Nieto para proteger los derechos humanos de los mexicanos destacan: el caso del asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en el 2014, y que las fuerzas de seguridad continúen con la práctica de la tortura y el uso de testimonios (en procesos judiciales) obtenidos por medio de la tortura. De igual manera, la falta de eficacia en la búsqueda de aproximadamente 32 mil personas desaparecidas, para poder castigar a los responsables, y la ausencia del esclarecimiento de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.