CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones no gubernamentales alertaron sobre posibles situaciones violatorias de derechos humanos a raíz de la situación de emergencia que se vive en distintos lugares del país luego de los recientes sismos. Es por ello que las organizaciones han solicitado medidas cautelares a la CNDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el entendido de que es obligación del Estado velar por la seguridad de la población. La solicitud obedece, destacaron los activistas, a que “hemos recibido información sobre las condiciones en las cuales se están realizando los operativos de rescate y búsqueda. Nos preocupa que se ha señalado falta de atención e información precisa para familiares de personas desaparecidas y/o atrapadas”. Por ejemplo, acotan, se carece de “información sobre cómo se están llevando a cabo los rescates, qué autoridades están interviniendo, quiénes están a cargo, supervisando o coordinando las tareas, ni tampoco sobre quién es la autoridad focal encargada de atender y dar información a las familias de personas que aún están en calidad de desaparecidas y/o atrapadas”. En el comunicado también refieren que existe mucha confusión sobre el momento en el que se van o no a utilizar las máquinas para demoler edificios donde puede haber personas. También deploran la descoordinación existente entre las autoridades y los límites que éstas han puesto para la intervención de la sociedad civil, “que ha sido crucial en las tareas de rescate”. Finalmente, las ONG llaman la atención en el sentido de que la información sobre restos recuperados, personas desaparecidas o rescatadas ha sido muy escasa. Si bien unos minutos después del sismo del martes 19 fue anunciada la activación del Plan Nacional de Respuesta MX y la instalación del Comité Nacional de Emergencias, las organizaciones de la sociedad civil “detectamos un problema en cuanto a su operación por varios factores: -Falta de transparencia en los documentos constitutivos y en las reglas de operación del mecanismo. -Existencia de un marco de responsabilidad completamente difusa tanto de la toma de decisiones como de las acciones. -Un amplio margen de discrecionalidad respecto de las situaciones de emergencia ante las cuales no tenemos protocolos u otros instrumentos que garanticen el seguimiento de los más altos estándares de derechos humanos y la identificación de cadenas de mando o procesos seguidos en la búsqueda, rescate y atención a víctimas. Es por ello que los activistas consideran indispensable el acompañamiento de los organismos públicos e internacionales de derechos humanos a los procesos de rescate y reconstrucción, con la finalidad de garantizar plenamente los derechos humanos de las personas y colectividades afectadas. Específicamente, “estamos solicitando a la CNDH que se constituya como un mecanismo de vigilancia in situ de las actuaciones tanto de las autoridades federales como de las entidades federativas afectadas. Cabe destacar que hasta el momento no tenemos respuesta formal a nuestra solicitud”. En cuanto a la CIDH, acotan, “estamos solicitando otorgue medidas cautelares para la protección urgente de la vida, salud e integridad personal de las personas afectadas frente al grave riesgo de un daño irreparable a tales derechos, derivado del deficiente manejo humanitario de la catástrofe ocurrida en las zonas Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco” y sus zonas aledañas afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Asimismo, solicitan que las Naciones Unidas, a través de sus agencias especializadas, puedan colaborar tanto con las autoridades y con la sociedad civil para asegurar que los esfuerzos de rescate, búsqueda de personas y reconstrucción tengan una perspectiva de derechos humanos. Por último, las organizaciones civiles hicieron un llamado al Estado mexicano para que genere mecanismos efectivos de información y participación en las acciones de solidaridad. Por ello, advierten en su comunicado, “nos mantendremos atentas al proceso y documentaremos las situaciones violatorias que logremos observar. De la misma manera se debe documentar adecuadamente el estado en que se encontraron las construcciones colapsadas o que en su caso por riesgo se deban demoler, porque es importante conservar la evidencia para determinar las responsabilidades de empresa y autoridades ante esos hechos”.