VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de José Manuel Saiz Pineda, extesorero del exgobernador priista Andrés Granier Melo, fue condenada hoy por una juez federal de Corpus Christi, Texas, a diez meses de cárcel y dos años de libertad supervisada. Pérez Ceballos, presa desde mayo pasado, fue hallada culpable de fraude con engaños a los bancos JP Morgan Chase y UBS, donde manejó 1.9 millones de dólares que en octubre de 2013 transfirió a Bermudas, tras declarar un patrimonio de 5.5 millones de dólares. En octubre pasado, únicamente se le encontró culpable del delito de fraude bancario y el jurado la absolvió de lavado de alrededor de 50 millones de dólares, presuntamente desviados del erario de Tabasco por su esposo y coacusado José Manuel Saiz Pineda, preso en el Centro de Reinserción Social de esta capital desde junio de 2013 por el megasaqueo al estado. Fue absuelta de lavado porque la Fiscalía estadunidense no acreditó ante el jurado que conocía del origen ilícito del dinero utilizado para abrir cuentas bancarias y adquirir siete propiedades en Houston, Miami, Nueva York y Los Ángeles, valuadas en unos 50 millones de dólares. La Fiscalía utilizó como testigo para sostener el cargo de lavado de dinero a Luz del Alba Pardo Cruz, fiscal especializada en combate a la corrupción de Tabasco, quien como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigó e integró las denuncias contra colaboradores de Granier Melo. Pérez Ceballos saldrá en breve de prisión, pero estará en riesgo de ser deportada y sólo podrá reingresar a Estados Unidos con autorización expresa del gobierno de ese país. “Si reingresa a Estados Unidos, la acusada tendrá que reportarse dentro de las 72 horas siguientes a los servicios de la Corte para ser supervisada”, de acuerdo con la sentencia dictada por la jueza Nelva Gonzales, citada por el diario Reforma. El fallo contra Pérez Ceballos no cierra el caso, pues su esposo y su cómplice, el empresario Martín Medina Sonda, también preso en el Creset desde 2015, no han sido juzgados por estos cargos y Estados Unidos busca decomisar las propiedades. Por la mañana, el fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, preveía que Pérez Ceballos sería liberada, pero sus propiedades serían confiscadas y, mediante juicios, posiblemente rematadas, recursos de los cuales el gobierno estatal reclamaría una parte. La esposa del extesorero fue capturada el 24 de mayo de 2017 en su residencia de Sugar Land en Houston, Texas, donde vive con sus hijas, acusada de fraude, conspiración y lavado de dinero. En la acusación se incluía aviso de confiscación de siete propiedades en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, con un valor combinado que supera los 50 millones de dólares, así como seis cuentas bancarias separadas, incluida una en Bermudas. En agosto pasado, el fiscal Valenzuela Pernas anunció que la justicia estadunidense consideraría como víctima al gobierno de Tabasco para que un porcentaje de la confiscación de esos bienes fueran devuelto a las arcas del estado, como parte de la reparación del daño por el saqueo a la entidad. También informó que en la última semana de julio viajó a las oficinas de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Houston, donde se reunió con la fiscal Julie Hampton, que lleva el caso en contra de Pérez Ceballos por lavado de dinero, bajo la presunción “de que se trate del destino final de aquellos recursos financieros que se vienen investigando en Tabasco desde hace poco más de tres años”. Igual subrayó que la reunión “fue de enorme trascendencia para el gobierno de Tabasco”, por los importantes acuerdos con Hampton. “El primero de ellos es que la funcionaria judicial considerará al gobierno de Tabasco como víctima en el proceso que se está llevando a cabo. Eso significa que, de quedar firme la confiscación de los bienes materia de ese caso, Tabasco tendrá todo el legítimo derecho de participar en el porcentaje que el juez le asigne, como parte de la reparación de los daños por esa presunta desviación de recursos financieros”, destacó entonces.