MONTERREY, NL (apro).- Las políticas públicas para combatir el fenómeno de trata de personas son prácticamente inexistentes en México pues, si bien la mayoría de las entidades federativas cuentan con legislación para sancionar el delito, ninguna ha establecido mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y castigar a los delincuentes. A esta conclusión llega el profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Arun Kumar Acharya, quien en el libro digital “Trata de personas en México: un diagnóstico entre las entidades federativas”, encuentra que, si bien en todo el territorio hay mínimos esfuerzos por contener el fenómeno, en Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León y Sonora tienen en situación de indefensión total las víctimas del ilícito, en particular mujeres, niñas y niños. En estos lugares, aunque existen leyes que rigen sobre la materia, no hay ninguna política pública que proteja, prevenga y persiga los delitos, factores que, en conjunto, se les conoce como “3P”, de acuerdo con el Protocolo de Palermo establecido por la Organización de Naciones Unidas y ratificado por México. Sin embargo, en las demás entidades donde si hay códigos que precisan sanciones y establecen políticas de protección, el problema se soslaya, pues los estados simulan emprender acciones que se desvanecen con el tiempo. El académico originario de la India -quien hizo el trabajo el año pasado, como adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales (Iinso) de la UANL- concluye, en la investigación emprendida con un equipo que él encabezó, que la Ley Federal de Trata de Personas, promulgada en el 2012 y con una modificación en el 2014, no ha sido efectiva para disminuir los índices de criminalidad en este fenómeno. Hay intentos oficiales que parecen, más bien modas, para difundir los peligros del delito, pues luego de intensas campañas de meses, el asunto es olvidado, hasta que surge algún caso de impacto nacional que reactiva las inercias. Por lo menos, dice, el trabajo sin precedente en México, puede sentar una base a partir de la cual los estados y la federación, así como los legisladores, pueden analizar y detectar tanto las zonas de mayor vulnerabilidad, así como las acciones que pueden aplicar para combatir realmente el fenómeno. Mujeres y niños, vulnerables Arun Kumar Acharya reunió un equipo integrado por Armando Moctezuma Suárez, Francisco de Jesús Gómez Ontiveros, Abel Garza Ramírez y Estefanía Guerrero Arévalo, para hacer un trabajo científico de investigación concentrado en la relación entre la inequidad de género y la trata de personas, más que en la incidencia estadística del delito. Para ello, primero hizo acopio de información documentada en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) del 2010, para cruzarla con una serie de índices internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el libro publicado por la UANL encontró que en el promedio nacional los estados de la República Mexicana registran un alto Índice de Inequidad de Género (IIG), un estándar basado en variables como salud (mortalidad maternal y embarazos adolescentes), empoderamiento (nivel de estudios y cantidad de mujeres que ocupan puestos en el poder judicial) y percepción laboral (sueldos comparados entre hombres y mujeres). En la escala del 0.0 al 1.0, el rango medio en los estados de México es de 0.3. La cifra, pese a ello, está aún distante de países como Yemen o Nigeria, que están sobre el 0.7, con una incidencia de sometimiento de mujeres muy alto. Aunque México tampoco se compara con otras naciones más desarrolladas como Noruega que es de 0.06, donde la igualdad es norma. De cualquier manera, en el país las inequidades prevalecen. Los estados con mayores índices de desigualdad son Jalisco, Durango, Colima y Chiapas, que presentan 0.4 en el IIG, por encima de la media nacional. Junto con la elaboración nacional del índice de inequidad, los investigadores analizaron el fenómeno de la trata con la revisión de mil 400 noticias de periódicos de todo el país, publicadas entre el 2011 y el 2016, sobre este fenómeno. También fueron revisados los marcos normativos de cada una de las 32 entidades para ver cuáles sí tienen leyes sobre trata de personas. Se concentraron en precisar si existen políticas públicas que beneficien a los afectados, en particular la de “3P”: prevención del delito, protección a las víctimas y procuración de justicia, de acuerdo con el Índice de cumplimiento del marco normativo (Icuman), basado en las legislaciones de cada estado. Existen cuatro niveles para detectar a las entidades que incumplen con el Icuman. En el Nivel 1 están los que cumplen con las “3P”. En el N2, los que cumplen con 2; y en el N3, los que cumplen con las 3. En el N4, los que no tienen nada. En el primer caso se encuentran Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato Hidalgo, Tabasco, Jalisco Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala. En el segundo están Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas. En el tercero aparecen Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz y Yucatán. En el último puesto, sin ninguna política para beneficiar a las personas comerciadas, están Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit y Sonora. Coincidentemente, estos estados están señalados en rojo en el mapa de la trata pues, son destino recurrente para las víctimas. La estadística revela que una tercera parte de las entidades apenas aplica una o ninguna de las disposiciones del Protocolo Palermo para favorecer a los afectados. No hay refugios para protegerlas, no hay campañas para prevenir el delito y escasean las fiscalías especializadas en los estados, para procurar justicia. Francisco Gómez, presente en la entrevista, resalta que, en cuestión de equidad de género, ningún estado de la República se aproxima a los estándares de los países desarrollados, lo cual representa un problema serio que no es atendido. “El análisis hemerográfico revela que en todos los estados hay casos de trata. Y el hecho de que no exista equidad, hace más evidente eso, pues al vernos en un nivel mediano, en el aspecto internacional, nos hallamos en una situación grave porque no estamos avanzando hacia la igualdad”, señala. Invisibilizan el tema Además, la investigación evidencia desatenciones básicas hacia el problema, pues para una entidad federativa el costo pecuniario de crear un albergue o crear una fiscalía especial es ínfimo, en comparación con todo el daño social que genera la desatención del fenómeno criminal. Acharya añade: “Lo que vemos es que tratan de invisibilizar el tema. No es por ignorancia, ni por interés. Observamos que no es prioridad. Hasta que no ocurre algo realmente grave, no actúan. Pasa ahora con la migración. Estamos hablando de ella porque Estados Unidos está deportando gente. O nos dimos cuenta de ella en el caso de San Fernando (Tamaulipas)”. Al concluir el estudio, el especialista en el tema de migración encuentra que la trata es un problema reconocido en la agenda nacional, como se comprueba con la existencia de una ley federal y programas que buscan solucionar o, por lo menos, controlar este delito internacionalmente identificado. En todo el mundo se conoce que México es país de origen, tránsito y destino. Sin embargo, el libro evidencia que, aunque ya pasaron tres años desde la última enmienda sobre la ley respectiva, el país se mantiene estancado en cuanto a políticas públicas sobre la materia. “En años recientes vemos que no hay avance en el tema de combate a la trata de personas. Cuando llegó, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que habría una atención especial al problema de la trata de personas, pero los estados, como se ve, no están cumpliendo”, dice. En muchas entidades, refiere, prevalece una confusión sobre el asunto de la trata de personas que, según se cree, debe ser abordado únicamente por autoridades federales, pues siempre se ha relacionado con delincuencia organizada, lo cual es un error. Con mucha frecuencia, explica el especialista, este crimen es cometido por bandas organizadas, por lo cual debe intervenir la Procuraduría General de la República (PGR), pues se configura ya el delito de crimen organizado al participar en su comisión tres o más personas. Pero, muchas veces las mujeres o niños son engañados por una sola persona que los vende para su explotación, lo cual cae en un delito del fuero común, pues no hay actividad criminal concertada en grupo. En teoría, todas las legislaciones estatales contemplan, en el papel, la creación de organismos interinstitucionales que atienden la trata; la protección a la víctima con atención médica y sicológica y la creación de albergues; establecimiento de medidas para prevenir el delito, con capacitación para personal estatal y municipal; establecimiento de sanciones parecidas a la Ley General del tema. Pero eso es sólo en el código, porque en la práctica, hay un alto porcentaje de fallas: 33% de los estados incumple con la prevención del delito; 37% incumple con la protección a las víctimas; y a 41% no les procura justicia a las víctimas.   Urge adecuar marco legal En las conclusiones del estudio sobre trata de personas, los investigadores encuentran que es urgente que se adecúen los marcos legales para que sea activado adecuadamente el Protocolo de Palermo, con protección, prevención y procuración a favor de las víctimas. Demandan que sean efectuados diagnósticos, por cada uno de los estados, para identificar las particularidades del problema; que sean establecidos convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno con organismos de la sociedad civil; y que sean activados los órganos interinstitucionales para establecer una política integral que combata o disminución del fenómeno delictivo. El catedrático estima que México representa un atraso enorme en términos de desigualdad de género, lo que repercute en la atención del problema. A su vez, Goméz remarca que, con frecuencia, muchos actores políticos, funcionarios y activistas señalan que el gobierno no cumple con su trabajo en este tema de explotación humana, porque no conocen un documento que certifique la situación en la que se encuentran las víctimas. En respuesta a quienes dicen que no hay material de base, sostiene que este estudio que presentan, es un buen cimiento para se comience a trabajar en la problemática, pues establece la situación en la que se encuentra cada una de las entidades federativas. “Tan sólo la revisión de los periódicos presenta la situación social de las víctimas y también desmiente a muchos funcionarios que afirman que en su estado no hay trata de personas”, sostiene. Las autoridades de todos los niveles en el país deben entender que, a nivel internacional, organismos como Naciones Unidas mantienen campañas permanentes y no por modas, como ocurre en México donde, por ejemplo, hace algunos años hubo un llamado público para detener la violencia contra las mujeres, que luego se extinguió, como si el problema hubiera desaparecido, señala Gómez. “En este y otros temas, lo que vemos es que, a nivel gobierno, lo de las campañas funciona por temporadas. Si sale un caso icónico, como San Fernando, la niña Paulette, o de la chica que se llevaron a Centroamérica, se le pone atención al hecho, pero pasa un tiempo y se olvida. Hasta que vuelve a salir otro caso. Y la fórmula así no funciona. La simulación se percibe. Esta investigación por lo menos los exhibe en esa parte”, afirma. El libro “Trata de personas en México: un diagnóstico entre las entidades federativas”, está disponible en internet para consulta abierta. Es una continuación del de “Perspectivas del tráfico de personas en México: un análisis de las entidades federativas”, también editado por la UANL en el 2011, en el que analizaba cuáles estados tenían leyes para la trata de personas.