CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar a un particular la versión pública del contrato celebrado para adquirir el software espía “Pegasus”. La orden es producto de un recurso de revisión interpuesto por un particular ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), debido a que la PGR clasificó esa información. En su solicitud, el particular solicitó a la PGR información sobre “Pegasus” y los equipos que actualmente operan para intervenir teléfonos. El solicitante pidió conocer: a) fecha y hora de intervención; b) oficio de autorización; c) carpeta de investigación; d) nombre de los jueces que autorizaron; e) contratos de los nuevos equipos utilizados para la intervención; f) solicitud de las empresas de telefonía; g) casos concretos donde se aprehendió al delincuente o se haya rescatado a un secuestrado, que ya causaron estado, y h) número de trabajadores que participaron en las intervenciones, áreas que operan, salario y prestaciones. La PGR clasificó todos los rubros, excepto en lo relativo a los incisos e y f sobre los cuales manifestó que no tenía registros. Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, pero en alegatos, la PGR reiteró su repuesta inicial. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano que solicitó información adicional y celebró dos diligencias de acceso a fin de tener más elementos para resolver el caso. La comisionada tuvo a la vista el contrato para la adquisición de “Pegasus” y su anexo técnico. La PGR indicó que el contrato actualizaba los supuestos de reserva establecidos en la Ley Federal de Transparencia y en el caso de otros contratos para adquirir de nuevos equipos para intervenir teléfonos, señaló que la información era inexistente. Tras analizar el caso, la comisionada concluyó, en cuanto a la información relacionada con la ejecución de intervenciones de comunicaciones privadas, que la reserva resultaba procedente, debido a que su divulgación podría obstaculizar la actividad del Ministerio Público durante la investigación y persecución de los delitos, pues permitiría identificar los casos en los que se están practicando, lo cual inhibiría su efectividad. Sin embargo, en el caso de la reserva del contrato del software “Pegasus”, advirtió que sólo procede la clasificación de las especificaciones técnicas y métodos de operatividad del software, en virtud de que su difusión podría potencializar un riesgo-amenaza a la seguridad nacional, pues se trata de datos que son útiles para la generación de inteligencia. También consideró viable proteger los datos de personas físicas que participaron en la contratación y tienen conocimiento concreto sobre los métodos y especificaciones técnicas, pues su divulgación permitiría su identificación y localización, propiciando riesgos para su vida, seguridad y salud. Por lo que hace a la inexistencia de otros contratos para la adquisición de equipo utilizado para ejecutar intervenciones telefónicas, el INAI advirtió que la PGR “siguió a cabalidad el procedimiento de búsqueda”, pero omitió hacer la declaración formal de inexistencia. En cuanto a los casos que, habiendo causado estado, estuvieran relacionados con una intervención de comunicación privada y que derivaran en la aprehensión de un delincuente y/o el rescate de alguna persona secuestrada, se validó que, si bien la PGR está obligada a documentar la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación en averiguaciones previas, procesos de primera y segunda instancia, no está constreñida a contar con un registro con el nivel de desglose solicitado. Finalmente, respecto del número de trabajadores que participan en la intervención de comunicaciones, sus salarios y prestaciones, se determinó improcedente la clasificación, ya que se trata de información cuantitativa, que no revela procedimientos, métodos o especificaciones, que pudieran potenciar una amenaza a la seguridad nacional. Finalmente, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó entregar al particular versión pública del contrato para la adquisición de “Pegasus” y su anexo. Además, le pidió explicar al particular las razones por las que no cuenta con registros de aquellos casos donde se aprehendió al delincuente o se haya rescatado a un secuestrado, que ya causaron estado. Y también le pidió a la PGR emitir una resolución en la que, de manera fundada y motivada, confirme la clasificación de la fecha y hora de la intervención, el oficio de autorización, el número de carpeta de Investigación, el nombre de los jueces que autorizaron, las solicitudes de las empresas de telefonía para intervenir comunicaciones, así como la inexistencia del contrato del equipo que actualmente utiliza para ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas.