PUEBLA, Pue. (apro).- Al menos ocho de 10 juicios de amparo colectivo que fueron interpuestos por ciudadanos poblanos hace un año en contra del gasolinazo aún se mantienen vigentes y se continuarán hasta llegar a término, advirtió Alejandro Carvajal, dirigente estatal de El Barzón. El abogado incluso mencionó que, en uno de los juicios que está por resolverse, pedirán a la PGR que investigue la posible comisión del delito de falsedad de declaración por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en ese momento estaba a cargo de José Antonio Meade, actual precandidato del PRI a la Presidencia. Esto, explicó, porque en el informe justificado que presentó dentro del juicio 22/2017 que se lleva en el Juzgado Cuarto de Distrito en Puebla, la SHCP no sólo asegura que el aumento al impuesto de la gasolina y la liberación de su precio no afectan la economía de los mexicanos, sino que Pemex es el “único obligado” por el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). “En la práctica sí ocurre que Pemex es el que entrega el IEPS a Hacienda, pero es un hecho que los que pagan el impuesto son los consumidores cada que compran un litro de gasolina, pues está incluido en su precio y eso Hacienda lo sabe, que han convertido a las gasolineras en oficinas de recaudación fiscal”, alertó Carvajal. “Estamos convencidos de que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Meade, mintió al juez de distrito en aras de legitimar una ley (IEPS), pues niega de forma reiterada y sin argumentos que dicho aumento a la gasolina afecte al pueblo mexicano”, aclaró el dirigente. En el informe justificado que presentó ante el juzgado, la dependencia federal señala en la foja 25: “El nivel socioeconómico de la gente no guarda relación alguna con la determinación de las cuotas de las gasolinas y el diésel”. Mientras que en la foja 17 asegura: “Pemex es el único sujeto obligado al pago del impuesto”. El también abogado integrante del Barzón, Gerardo López Ramírez, detalló que de 10 juicios de amparo colectivo que se presentaron a principios de 2017 en contra del gasolinazo, dos quedaron sin efecto al no ser ratificados por los ciudadanos. En tanto que seis de ellos siguen vigentes, pero están detenidos en un juicio por competencia, pues el Poder Judicial los había turnado a jueces de la Ciudad de México, mismos que se declararon incompetentes. Mientras, los juicios 22/2017 y el 5/2017 que se llevan en el Juzgado Cuarto de Distrito en Puebla ya están en su etapa final. También mencionó que, a diferencia de la mayoría de los juicios que fueron presentados en otras entidades del país y que fueron desechados, los interpuestos bajo la asesoría del Barzón de Puebla no se enfocaron en combatir el impuesto, sino que se fundamentaron en violaciones a los artículos 25 y 28 constitucionales. Además, explicó que el 25 constitucional señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, se fomento el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, lo que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. “Lo que se ha argumentado en este juicio de garantías es que el incremento que tuvo el precio de los combustibles en enero de 2017 trasgrede la Constitución, ya que pone en riesgo la estabilidad económica del país, no se generan condiciones de desarrollo y se afecta la subsistencia de los gobernados”, explicó Carvajal. Luego indicó que para demostrar el efecto inflacionario que generó el incremento de las gasolinas en la economía nacional, se presentó como prueba un peritaje que llevó a cabo el economista de la BUAP, Alejandro Chávez Palma. En este peritaje se estableció que, si en 2010 una familia de cuatro integrantes podía adquirir con dos salarios mínimos 80% de la canasta básica alimentaria, en 2017 sólo alcanzaba para 50% de los requerimientos mínimos para su alimentación. También se detalló que, de julio de 2016 a julio pasado, el precio de las gasolinas y el diésel tuvieron un aumento de entre 50 y 53%, mientras que el salario mínimo sólo se elevó sólo 9.6% en ese mismo periodo. En el juicio de garantías 22/2017 además se presentó el peritaje de un tercero por parte de la Secretaría de Economía, el cual igual reconoció que la inflación seguirá en aumento en relación con el factor de la liberación de los precios de la gasolina. También, el tercer perito dejó asentado que el precio de la gasolina afecta indirectamente a toda la población, dado que incide en la inflación al ser un insumo de la industria, el comercio y el transporte de mercancías y pasajeros. En el caso del 22/2017, la audiencia constitucional estaba programada para principios de diciembre, pero la Secretaría de Hacienda presentó un recurso para alargar el plazo de resolución. Carvajal mencionó que, aunque ya haya pasado un año y ya se aprobó una nueva Ley Fiscal para 2018, los juicios de garantías presentados por los ciudadanos poblanos siguen vigentes, debido a que el daño a la economía nacional y de los gobernados aún permanece. Incluso dijo que, en el caso de que los amparos fueran ganados, lo que tendría que proceder es declarar inconstitucional el IEPS, debido a que se contrapone a la obligación que tiene el Estado de generar condiciones de desarrollo y crecimiento del país, así como de una justa distribución de la riqueza.