CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las declaraciones de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, de que el caso del Paso Exprés, “está cerrado”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a atender la Recomendación 34/2018 que instruye a abrir procesos penales y administrativos para evitar que el caso quede en la impunidad. Este miércoles, Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la CNDH, dio a conocer la recomendación que evidencia al menos 15 indicios de “graves deficiencias de planeación y construcción” que derivaron en el socavón del Paso Exprés que a su vez cobró la vida de cuatro personas, de las cuales sólo dos han sido reconocidas por las autoridades. Luego de que Arely Gómez sostuvo que el caso estaba concluido, el organismo emitió un comunicado en el que reiteró que se le enviará copia de la recomendación a la SFP, “pues independientemente de los procedimientos abierto y en trámite, así como de los concluidos, se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la Recomendación que deben ser considerados”. De acuerdo con el párrafo 752 del documento, la investigación tiene que incluir a las empresas participantes y a los servidores públicos involucrados, ante la “falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción”. El organismo puntualizó que “se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad”, toda vez que el caso del socavón “no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral en todos y cada uno de sus componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”. El organismo resaltó que la investigación que llevó a cabo confirmó la persistencia de violaciones a derechos humanos y que la “resistencia” de autoridades para proporcionar información a la CNDH “por sí misma tendría que ser ponderada por las autoridades competentes respecto de las sanciones administrativas que serían procedentes”. Al señalar que la investigación de la CNDH proporciona elementos para deslindar responsabilidades, el organismo puntualizó que el objetivo de la recomendación “busca que las autoridades federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición”. Para la CNDH “el imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse”; de lo contrario, “el riesgo de su repetición seguirá latente”. Aunado a la falta de sanciones a servidores públicos presuntamente implicados, “hasta el momento no se ha informado si este costo (de las reparaciones) se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”. La CNDH confió en que “las autoridades competentes ahonden sus indagatorias por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos contenidos en la recomendación de referencia y que se han hecho de su conocimiento que se valoren en el ámbito de sus atribuciones legales”.