El futuro gabinete se pelea por las víctimas
Los Foros Escucha, inaugurados el pasado agosto en Ciudad Juárez, tenían el propósito de escuchar a las víctimas de la violencia para darles forma a las iniciativas de ley de amnistía y de justicia transicional que deberán entregarse al Congreso el miércoles 24. Pero acabaron cancelándose, lo cual mostró que dentro del futuro gabinete hay jaloneos y contradicciones, que nadie sabe a ciencia cierta a quién le corresponderá ocuparse del tema y donde parece que no hay una política clara. Y además se hizo evidente el rechazo popular a cualquier esbozo de perdón o amnistía.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El repentino freno que el equipo de Andrés Manuel López Obrador puso a los Foros Escucha en cinco estados –donde cancelaron las consultas– refleja el jaloneo en el futuro gabinete por ver quién será responsable de atender a las víctimas de la violencia y el desconocimiento sobre cómo abordar esa agenda.
El sábado 6 Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y sobre quien recayó la responsabilidad de organizar los foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional, informó vía Twitter que se cancelaban las consultas en Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Morelos; explicó que se necesitaba tiempo para sistematizar las conclusiones de los foros que ya se habían realizado y para incorporarlas a las nuevas políticas de seguridad.
La noticia originó protestas en los estados referidos, al grado de que hubo una contraorden y se reanudaron los encuentros en Tamaulipas y Sinaloa, dos de los estados más violentos del país; suscitó críticas entre columnistas, que tradujeron la suspensión como un mensaje de desprecio a las víctimas y como el primer fracaso del próximo gobierno por el rechazo a su petición de perdón, y sorprendió al propio equipo organizador de los eventos.
Sin embargo, no tomó a todos por sorpresa. Para quienes han asesorado en temas de derechos humanos a los próximos integrantes de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad Pública, el descarrilamiento de los foros se veía venir en el encuentro que López Obrador tuvo con sobrevivientes de la violencia en el Centro Cultural Tlatelolco, el pasado 14 de septiembre.
Ese día, el próximo presidente anunció que Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, sería su representante para tratar la agenda relacionada con las víctimas de la violencia. En ese encuentro Durazo miraba desde abajo del templete, como un espectador más, pues había sido vetado por el grupo convocante, encabezado por el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y organizaciones afines.
Cuando López Obrador anunció los foros, tanto Sicilia como el investigador y académico Jacobo Dayán, y el grueso de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, se opusieron a que la SSP, dependencia encargada de la policía, fuera la interlocutora de las víctimas, y habían pedido que esa agenda volviera a su cancha natural: Gobernación, que encabezará Olga Sánchez Cordero.
Un par de personas consultadas para este reportaje informaron que incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había manifestado su preocupación por el asunto.
El resultado del encuentro de Tlatelolco fue la creación de cinco mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, expertos, colectivos de familiares, Encinas y su equipo, en las cuales definirán las políticas del próximo sexenio en cuanto a procesos de búsqueda de justicia y verdad, mecanismos de reparación, búsqueda de personas desaparecidas, así como garantías de no repetición. O sea, la agenda de las víctimas.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2189, ya en circulación)