CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Politólogos, periodistas, escritores, defensores de derechos humanos, académicos y artistas enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para manifestar su preocupación por el trato discriminatorio hacia las personas trabajadoras del hogar, manifestado en el proyecto de sentencia propuesto en la Segunda Sala. En su misiva, los firmantes resaltan la legitimación de un orden jurídico que obstaculiza a ese grupo de trabajadoras el acceso a una vida digna, al negárseles los derechos sociales de los que son titulares el resto de personas trabajadoras formales. “El trato discriminatorio del Estado en su conjunto hacia las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar y la negativa, muy notoria en los últimos años, a avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales, preocupa profundamente a quienes trabajamos por impulsar una agenda para la igualdad en México”, destaca el documento. Señala que el proyecto de sentencia “evidencia una vez más la discriminación estructural” de la que es objeto este grupo poblacional, en su mayoría mujeres de escasos recursos, y “legitima un trato asimétrico en materia de seguridad social argumentando que el tipo de labor que realiza este grupo de trabajadoras es de carácter especial y que por ello deben negárseles los derechos sociales de los que son titulares el resto de personas trabajadoras formales”. Entre otros puntos, los firmantes destacan que la negativa o dilación inexplicable del Ejecutivo a enviar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Senado para su ratificación, “revela la falta de voluntad política para sentar las condiciones de igualdad necesarias para combatir las graves prácticas discriminatorias hacia las trabajadoras del hogar”. Por su parte, agregan, el Poder Legislativo ha demorado en legislar los cambios necesarios a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para terminar con esta desigualdad de trato contraria al mandato constitucional de derechos humanos. Finalmente, hacen “un llamado urgente al Estado en su conjunto para revertir desde ahora las prácticas discriminatorias que históricamente han atentado contra los derechos fundamentales de una de las poblaciones más vulneradas, y que han colocado a México en una posición vergonzosa y de retraso internacional en el reconocimiento y protección de los derechos de este sector.