México debe diseñar mecanismos de consulta para preguntar a indígenas sobre todo tipo de reformas: ONU

lunes, 15 de octubre de 2018 · 22:29
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La relatora de Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a consultar a los pueblos originarios en cualquier decisión que tenga impacto en su tierra, desarrollo y cultura, y en particular en casos de megaproyectos. Durante la presentación de su informe final sobre la visita realizada al país para evaluar la implementación de recomendaciones que formuló a México su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, así como el seguimiento de su observación tras la visita realizada el año pasado, la relatora especial, de origen filipino, dio cuenta de una larga lista de denuncias recibidas de pueblos y comunidades indígenas sobre la ausencia de consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, en la edificación de distintos tipos de megaproyectos. “Durante mi visita, los pueblos indígenas expresaron su deseo de definir y percibir su propio desarrollo económico y cultural, lo cual es esencial para su libre determinación; afirmaron que ello se ha visto limitado por los modelos actuales impuestos en su territorio, particularmente el auge de proyectos extractivos energéticos y otros proyectos de inversión, producto de reformas legislativas, que no fueron consultados con ellos”, explicó la relatora. Acompañada por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, Tauli-Corpuz lamentó las denuncias recibidas sobre los esfuerzos infructuosos de los pueblos indígenas que han recurrido a instancias legales para revertir los proyectos que no fueron aprobados por ellos, de acuerdo con los estándares internacionales, y cómo “aun cuando los tribunales emiten ordenes de suspensión, no se implementan de manera efectiva”. Abundó: “La ausencia de una ley general sobre consulta no exime al Estado mexicano de implementar procesos de consulta conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio 169”. Al alentar a las autoridades a diseñar mecanismos de consulta para preguntar a los pueblos originarios su opinión sobre todo tipo de reformas y medidas que les afecten, Tauli-Corpuz consideró que con el cambio de administración “se presenta una importante oportunidad para incorporar las propuestas y visiones de los pueblos indígenas para el mejoramiento de su actual situación y realidad, así como de la sociedad mexicana en general”. El llamado a la consulta de la experta coincidió con el que previamente hizo el responsable de la ONU-DH, quien recordó que existen al menos 4 mil concesiones sobre uso de territorio indígena en México, a la par de que se han llevado a cabo procesos de consulta que no han sido “ni apropiados, ni libres, ni son una consulta verdaderamente previa, mucho menos informada ni culturalmente adecuada y de buena fe”. Jan Jarab destacó que ese tipo de consultas han tenido “efectos negativos”, por lo que esos mecanismos “no pueden desvincularse del objetivo real, que es garantizar el derecho al consentimiento; no son meros procedimientos para justificar un proyecto”. Para el encargado de la ONU-DH, en el proceso de transición es importante que se tome en cuenta que “el efecto del modelo de desarrollo actual basado en la extracción y explotación de recursos a larga escala --sean proyectos mineros, de las energías supuestamente limpias, de agricultura a escala industrial o de turismo-- es un modelo que causa daños ambientales, causa conflictos en las comunidades, causa despojo y en muchos casos criminalización de defensores de tierra y territorio”. Por su parte, el presidente de la CNDH resaltó que en México hay 3.2 millones de personas indígenas en pobreza extrema, condición que se agrava por la condición de discriminación en que viven. González Pérez advirtió que, de acuerdo con datos oficiales, en 2016, 8.9 millones de personas indígenas no tenían acceso a la seguridad social, en tanto que el rezago educativo representaba el 31.6% de la población indígena, 15.6% no tiene acceso a servicios de salud, 56.3 % carece de servicios básicos y 30.5 % no tiene acceso a la alimentación.

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