CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la devastación ecológica y los conflictos de tierras, el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) suma la inviabilidad financiera y la condena de generaciones de mexicanos al pago de una deuda en el que sólo resultan beneficiados cinco de los hombres más ricos del país, consideraron investigadores del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). En conferencia de prensa, integrantes de PODER dieron cuenta de las inconsistencias en los informes sobre el costo-beneficio del megaproyecto, presentados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en términos reales se han incrementado 69%, que se acumula en deuda pública y que está siendo pagada con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que paga todo aquel que compra un boleto de avión. Los investigadores de PODER estuvieron acompañados por Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Damián Camacho Guzmán, de la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto, en la presentación de la página de internet que condensa los hallazgos de la organización no gubernamental durante los últimos tres años que han acompañado a los defensores de la tierra y del lago de Texcoco. La página en la que se encuentra la información es www.torredecontrol.org. Julieta Lamberti, responsable de la investigación, resaltó que en 2014, GACM informó que el costo de la construcción del NAIM sería de 169 mil millones de pesos, en este año la SHCP informó que serían 195 mil millones, por los ajustes inflacionarios, pero “ante la solicitud del nuevo gobierno al GACM para que informara sobre el costo de la obra, se informó que sería de 285 mil millones de pesos”, explicó Lamberti. Agregó que el verdadero costo de la megaobra es incierto, toda vez que, de acuerdo a estimaciones de la Academia de Ingeniería de México, podría costar a los mexicanos 440 mil millones de pesos. Lamberti destacó que lo que han podido determinar es que, para solventar la construcción, “se contrata deuda para pagar otras deudas existentes”, además de que no hay claridad de a cuánto asciende la participación privada. “El proyecto no soporta más endeudamiento, tiene financiamiento del 70% de lo que costaría la primera fase y faltan 88 millones de pesos, y las propuestas que está proponiendo el Grupo Aeroportuario para solventar esta crisis de financiamiento son vender los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la Ciudad Aeropuerto, endeudar más el proyecto con una nueva emisión de Fibra E (vender bonos de deuda en los mercados financieros) y empezar a cobrar TUA de interconexión, lo que encarecería el uso del aeropuerto y lo haría menos competitivo, además de que se pagaría directamente del bolsillo de quienes hacemos uso del aeropuerto, al comprar un billete de avión”. Lamberti urgió a la SHCP a exigir al GACM “que actualice el estudio de costo-beneficio, porque si es inviable es una pérdida de dinero (…) es un negocio financieramente frágil”. Aplicando las mismas reglas de la SHCP sobre Tasa Interna de Retornos Social (TIRS), PODER considera que el NAIM ya puede considerarse “inviable, porque ha aumentado casi 69% su costo más el retraso en su construcción, el proyecto será más costoso para la sociedad que los beneficios que podría traer”. Eduard Martin-Borregón, director de datos, periodismo y tecnología de PODER, resaltó la opacidad en torno al otorgamiento de los 536 contratos, que equivalen a 155 mil 732 millones, de los cuales “70% se otorgaron sin licitación, sin justificar por qué se otorgaron por adjudicación directa, son contratos por 4 millones, 5 millones o 30 millones que superan el importe permitido para la adjudicación directa”. Expuso que 15% de los contratos representan el 78% de la inversión, y fueron entregados a consorcios de los que no saben quiénes son los propietarios, pero hay claridad que en 51% de la inversión, se destinó a cinco de los hombres más ricos de México”. De acuerdo a la investigación, el mayor beneficiario fue Bernardo Quintana, con nueve contratos, equivalentes a 24.7 mil millones de pesos, para su empresa ICA, a la que “salvó el proyecto del Nuevo Aeropuerto”, porque “estaba en quiebra”. Los otros beneficiarios de megaproyecto son Grupo Carso, de Carlos Slim; Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon; Constructora y Edificadora GIA+A de Hipólito Gerard Rivero, exsuegro de Carlos Salinas de Gortari, y Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña. Martin-Borregón destacó que tras tres años de investigación se han topado “con un proceso opaco, diseñado pro los directivos del GACM donde ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede seguir el dinero y hacer una correcta rendición de cuentas”. Trinidad Ramírez resaltó que los resultados de la investigación de PODER respaldan la negativa de los pueblos de la región oriente del Estado de México en la imposición del NAIM. “El próximo lunes se cumplen 17 años de lucha, 17 años de que nuestras vidas no volvieron a ser las mismas; pero cada vez hay más claridad de lo que significa ese proyecto de muerte, nosotros sólo queremos vivir en paz, que dejen de vernos con signos de pesos”, dijo Ramírez. A unos días de que se lleve a cabo la consulta convocada sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía Hidalgo, Trinidad Ramírez resaltó que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no está promoviendo la consulta, porque “cualquiera que sea el resultado, la lucha por cancelar el proyecto continuará”.