Senador acusa a la Segob de omisión por no entregar queja en La Haya para juzgar a Javier Duarte

miércoles, 17 de octubre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaria de Gobernación (Segob) fue omisa en enviar a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, en los Países Bajos, la solicitud para que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sea juzgado por delitos de lesa humanidad, aseguró el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García. En un comunicado, aseguró que “la Corte Penal Internacional no había recibido el documento; la responsabilidad de enviarlo era de la Segob”. Javier Duarte se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Varonil Norte de la Ciudad de México, donde purga una sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido incapaz de poder fincar la orden de aprehensión por desaparición forzada, aunque sí logró volver efectivas las querellas por peculado, desvío de recursos, fraude, coalición, entre otros delitos de carácter administrativo y financiero. El exhorto solicita realizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el exgobernador de Veracruz, ya que durante su gestión se suministraron 70 mil pruebas de VIH falsas. Debido a que el punto de acuerdo fue “congelado” en la Secretaría de Gobernación, es decir, que ésta no lo envió, el legislador de Movimiento Ciudadano viajó a La Haya, en los Países Bajos, a entregarlo personalmente en la Oficialía del organismo; además anexó la discusión y la votación. "Acudimos a entregar el exhorto que enviamos desde el Senado de la República. Me confirmaron hoy que no han recibido nada. Ese exhorto que el Senado envió de urgente resolución está congelado en Secretaría de Gobernación con (Alfonso) Navarrete Prida. De ese tamaño es la colusión y el amarre de Javier Duarte con el gobierno federal", aseguró el legislador. Samuel García agregó que no se puede confiar en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que Duarte podría pasar en la cárcel sólo algunos meses y no los nueve años de condena tras haber solicitado una segunda revisión.

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