TAPACHULA, Chis. (apro).- Una decena de organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, denunciaron hoy la indiferencia y negligencia del gobierno mexicano para garantizar, las condiciones mínimas necesarias a los migrantes hondureños que participan en la caravana migrante, donde se les ha condicionado el ingreso al país al decirles que deben someterse a una detención en un “albergue” que se parece más un estado de reclusión. Tras referirse a este suceso como un hecho sin precedente histórico, miembros de American Friends Service Committee, oficina Latinoamérica y el Caribe; Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC; Médicos del Mundo Suiza; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC; Otros Mundos Chiapas y SweFOR México, denunciaron las condiciones infrahumanas en las que viajan los migrantes. Señalaron que hay una clara intención del gobierno mexicano de no facilitar ciertos servicios básicos a los migrantes para ver si así desisten en su intento por caminar hacia el norte del país. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas, subrayaron, van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad. Estas organizaciones que trabajan en la frontera sur, señalaron hoy que lo que está ocurriendo en este momento no tiene precedente alguno. Si bien, explicaron, el paso de personas migrantes es un hecho que ocurre desde hace muchos años, lo cierto es que desde los años 80 no habían tenido noticia de un evento de esta magnitud en el cual miles de personas buscan, de manera desesperada, ingresar a México con la finalidad de buscar protección. La diferencia sustancial entre lo ocurrido con las personas refugiadas guatemaltecas en la frontera con Campeche y lo que ocurre hoy en Tapachula, radica en que hasta el momento ningún país centroamericano se encuentra en “conflicto armado”, añadieron. Las ONG reiteraron que el origen de la Caravana responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados, como los que se están presenciando. Señalaron que, desde el día que se enteraron de este éxodo, monitorean las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada de la migración forzada a la que se han visto obligadas cientos de persona hondureñas y de otros países de la región. Las organizaciones aseguraron que han observado y documentado diversas violaciones a derechos humanos cometidas por parte de autoridades mexicanas contra las personas que han arribado a México con necesidad de protección internacional. Denunciaron que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de las policías federal, estatal y municipal --contrario a la información oficial que ha circulado-- han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionado únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria. Por otra parte, destacaron, no existe coordinación de los distintos órdenes de gobierno a través de diferentes autoridades de acuerdo con sus funciones para dar una respuesta integral y regional a la situación, sino que se observa por parte de las autoridades mexicanas la reacción de confrontación contra las personas. A la par que miles de personas que se movilizaron de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en el Puente de Guatemala- México, otros cientos de personas se mantienen esperando a que les dejen entrar desde el pasado 19 de octubre, sin asistencia humanitaria, a la intemperie, sin acceso a las condiciones mínimas de subsistencia, con la incertidumbre del tiempo que tendrán que esperar para la atención de las autoridades, ante la reducción de la respuesta por parte de INM y sin otras alternativas de recepción en Ciudad Hidalgo por el cierre del Albergue Temporal. [caption id="attachment_556258" align="alignnone" width="702"] Migrantes, sin acceso a servicios básicos. Foto: Isaín Mandujado[/caption] Seguimiento intimidatorio Denunciaron que durante el avance de este éxodo la respuesta del Estado sigue siendo de un enfoque militar al mando de la Policía Federal, que, durante el recorrido hasta Tapachula, de manera sistemática y permanente, ha tenido el objetivo de bloquear el paso de los migrantes, e incluso, en varios momentos, la clara amenaza de reprimir a las personas, intimidando con el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero de la Policía Federal, causando confusión y terror entre las personas. “Esta respuesta tiene graves afectaciones en las personas, que también sufren el impacto provocado por las condiciones en la que realizan el recorrido sin ninguna asistencia humanitaria y atención a la salud. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad”, dijeron los organismos civiles. Mencionaron que dentro de este contexto de inseguridad e incertidumbre se encuentran niños, niñas y adolescentes migrantes tanto acompañados como no acompañados. “Hasta el momento no hay cifras que nos permitan determinar el número, pero constituyen en sí mismo un grupo de población particularmente vulnerable y con necesidades especiales de detección, atención y protección” apuntaron. Hicieron énfasis en que hasta el momento las autoridades federales no han emitido las medidas de protección a las que está obligado. En contraste, a lo largo de todo el monitoreo han observado grandes muestras de solidaridad de la población, que acompaña a la caravana en diversas formas aportando y compartiendo lo que tienen a mano: agua, comida, carriolas, ropa, mochilas, bañando a bebés ante el extremo calor, y con palabras de aliento. Indicaron que los albergues de la sociedad civil en Tapachula están rebasados, pues solo cuentan con recursos propios que son insuficientes para atender a las personas que acuden a ellos, mientras la asistencia humanitaria gubernamental se está condicionando a la detención migratoria. Es por eso que exigieron que el Estado mexicano brinde una respuesta apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, derecho humanitario y derecho de asilo y refugio, y consideraron inaceptable que se condicione el respeto a los derechos en función de su situación migratoria. Responsabilizaron al gobierno mexicano por el incumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de las personas que están entrando al país y el riesgo de que sufran daños irreparables, incluyendo graves violaciones a derechos humanos. Denunciaron las detenciones arbitrarias que sufren las personas en la Estación Migratoria Siglo XXI, así como en la extensión de la misma instalada en la Feria Mesoamericana de Tapachula. También reprocharon “la denegación de acceso al procedimiento de reconocimiento de refugio, el rechazo en frontera y las deportaciones masivas, de acuerdo a los hechos constatados, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos, corriendo el riesgo de que las personas sean víctimas de alguna forma de tortura”. Además de que, por parte del gobierno mexicano, hay falta de interés al derecho superior de la niñez, dado el sinnúmero de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que son ignorados y tratados igual que los adultos. Es por eso que hicieron un llamado a generar una respuesta inmediata y coordinada desde instancias internacionales para asistir integral y regionalmente a las personas ante la situación actual y los distintos escenarios posibles.