Movimiento por Nuestros Desaparecidos pide a AMLO agenda y ruta de trabajo

martes, 23 de octubre de 2018
GUADALAJARA, Jal. (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) sostuvo que de las más de 37 mil personas oficialmente desaparecidas, 21 mil 602 ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que exigió al mandatario invitar oficialmente al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que acuda a la sesión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), el 7 de noviembre. El MNDM buscará construir con el gobierno entrante “una agenda y ruta de trabajo” para tratar de identificar a las víctimas, así como para sancionar a los responsables de las desapariciones “sin importar que sean bandas del crimen organizado o funcionarios públicos”. El pasado 12 de octubre, representantes del Movimiento enviaron un informe sombra al CED en donde destacan la importancia de la supervisión internacional sobre todo en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En un comunicado el MNND denunció “una falta de verdadera voluntad política por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para implementar la Ley General con los altos estándares de efectividad, sin agraviar a las víctimas y garantizando su genuina participación”. En el documento, las organizaciones dan cuenta de las deficiencias de la aplicación de la Ley General “así como de la crisis de las más de 37 mil personas desaparecidas, los más de 35 mil cuerpos sin identificar y el numeroso hallazgo de fosas clandestinas a lo largo del país que han evidenciado el colapso de los servicios médicos forenses”. El informe sombra, que será analizado por el CED durante la 15 sesión a celebrarse del 5 al 16 de noviembre próximos, analiza el cumplimiento de las recomendaciones que hizo a México el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) tras su visita, así como las del CED, realizada a finales de 2015. Al denunciar la falta de cumplimiento de la recomendación sobre la elaboración de un registro único de personas desaparecidas, el documento reprueba que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) sólo muestre en internet datos hasta el 30 de abril pasado, fecha en la que se contabilizaban 37 mil 435 personas desaparecidas. De esa cifra, “mil 170 correspondían al fuero federal y 36 mil 265 al fuero local; 9 mil 319 eran mujeres y 26 mil 907 eran hombres; el promedio de edad para las mujeres era de 24 años, mientras que el promedio de edad para hombres era de 33. La mayoría de las desapariciones registradas (21 mil 602) ocurrieron durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto”. En su escrito, los 52 colectivos de víctimas de todo el país, y tres de países centroamericanos a los que se sumaron 40 organizaciones sociales, alertan sobre una implementación de la ley “limitada, descoordinada, con demoras, con insuficientes recursos y con obstáculos para la plena participación de las víctimas, sus representantes y otros sectores interesados”. Como indicadores de la situación de desapariciones así como del “contexto de negligencia, indolencia, dolor, corrupción e impunidad”, el MNDM recuerda el hallazgo de la fosa clandestina en Veracruz, el 6 de septiembre, con 174 cuerpos, que fue localizada gracias a trabajo de los colectivos, pero que “no fueron informados sobre la investigación”, en tanto que diez días después el país se conmocionó con la noticia de que un camión frigorífico con 273 cadáveres deambulaba por las calles y carreteras de Jalisco, y peor aún, se reveló que “desde 2016 autoridades han rentado camiones frigoríficos ante la saturación de espacios en la morgue y cementerios oficiales”. Otros ejemplos de la crisis se refieren a las deficiencias para la realización de una base de datos Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM), cuya metodología fue donada por la Comité Internacional de la Cruz Roja, adoptado sólo en algunos estados. En Coahuila el sistema “únicamente se ha aplicado en el 30% de los casos denunciados”, en tanto que de los 80 mil restos óseos localizados en un campo de exterminio de “Los Zetas”, sólo se ha procesado 500, “sin que se tenga notificación de alguna identificación”; en Tamaulipas, con 7 mil 661 personas desaparecidas denunciadas, hay 3 mil 74 cuerpos sin identificar y las autoridades sólo han ingresado información genética de 3 mil familias de víctimas a la base de datos AM-PM. En Jalisco, “la base de datos AM-PM no está en funcionamiento”, mientras hay “mil 100 cadáveres aguardando ser identificados”, algunos en el Servicio Médico Forense y otros en dos camiones frigoríficos; 297 han sido enterrados en la fosa común del panteón ministerial; los colectivos denunciaron la existencia de 9 fosas clandestinas que no han sido procesadas, en tanto que una fosa que empezó a ser procesada, los funcionarios detuvieron los trabajos luego de rescatar 93 cuerpos; en Veracruz, la base AM-PM sólo se usó en 3 casos, en tanto que en la fosa de Colinas de Santa Fe, se localizaron 295 cuerpos, de los cuales sólo 16 han sido identificados y 7 entregados. El informe resalta que de las cerca de 500 acciones urgentes emitidas por el CED, 66%, es decir 330, fueron dirigidas a México, observándose “resistencias por parte del Estado mexicano para avanzar en el cumplimiento efectivo” de las medidas, a lo que se ha contestado que “tienen carácter de recomendación y no implican obligación alguna por parte del Estado Mexicano”. El MNDM aclara que del total de acciones urgentes dirigidas a México, 45 familias que integran el Movimiento son tutelares de algunas de ellas, 21 relacionadas con búsqueda y localización de personas desaparecidas y 24 sobre medidas de protección para familiares en riesgo inminente. Los colectivos reprochan que hasta ahora el Estado mexicano se resiste a reconocer la competencia del CED para recibir y examinar las comunicaciones individuales, por lo que piden al mecanismo de la ONU que insista en que se acepte su competencia, ante “un contexto de impunidad generalizada”. Se quejan de la falta de instalación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDyNL), como mandata la Ley General bajo la administración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la falta de instalación del Sistema Nacional, cuya fecha límite venció el 17 de abril. “En conclusión, a partir del 30 de abril no existe ningún registro a nivel nacional, sino solo una versión provisional que deja serias dudas sobre cómo se está integrando. Tampoco está claro si tanto la federación, como cada estado poseen un registro provisional de personas desaparecidas, como indica la ley, pues estos no son públicos”, apunta el Movimiento en su informe. Sobre los casos relacionados con la “guerra sucia”, resalta que de 2007 a la fecha, la Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR tiene abiertas 294 carpetas de investigación  relacionadas con esa época, sin que a la fecha se haya podido identificar a los “responsables materiales e intelectuales de estos delitos, ni se ha localizado a ninguna persona desaparecida en esa época”, además de que la dependencia sólo ha recabado “la declaración de 20 elementos militares en calidad de testigos y ninguna declaración en calidad de probables responsables”. El Movimiento pide que se recomienden modificaciones a la Ley General ante deficiencias en la tipificación del delito de desaparición forzada, así como en la aplicación de sanciones a la cadena de mando, y denuncia la falta de apoyo para casos de migrantes, de las que los registros oficiales refieren 675 víctimas directas, de las cuales 202 son de Honduras, 113 de Guatemala y 52 de El Salvador. La falta de voluntad para esclarecer las desapariciones que hay en el país, es evidente al revisar el número de personal destinado para ese fin, “en el ámbito estatal, a la fecha, existen sólo 13 de 32 fiscalías especializadas”, en tanto que la PGR “cuenta con 44 agentes del ministerio público para atender un total de mil 170 carpetas de investigación” y de esa cifra, 15 están asignados a atender el caso Ayotzinapa.

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