CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El balance del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de desarrollo social es “aterrador”: 55.3 millones de mexicanos viven en pobreza –100 mil más que al inicio de su sexenio--, 62 millones no tienen un ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir, y las brechas de desigualdad entre los estados del sur y el resto del país “se mantienen igual o peor” que cuando el mandatario tomó el poder. “No podemos seguir así. México no es un país pobre. Esta situación no es normal. Estas políticas no deben mantenerse”, destacó el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza, en un informe publicado este miércoles. El documento resalta que durante el actual sexenio la pobreza se agravó en algunos de los estados más marginados del país –Chiapas, Oaxaca y Veracruz--, mientras que en Guerrero se redujo de manera apenas perceptible, pues seis de cada diez habitantes en la entidad siguen en la misma situación. También destaca que la población indígena continúa con las más altas tasas de marginación, que empeoraron durante el gobierno del PRI: el 93% de los indígenas sufre carencias o tiene un ingreso insuficiente y 72% de ellos viven pobres –igual que en 2012--, puntualiza. Según el colectivo, al ritmo actual de reducción de las carencias se requerirían 118 años para erradicar el hambre y 130 años para que toda la población tenga ingresos superiores a la canasta básica. El colectivo expone algunas de las razones que explican el fracaso de la lucha contra la pobreza: el gobierno de Peña Nieto impulsó “políticas generadoras de pobreza” –obstinado en establecer un salario mínimo debajo de la línea de pobreza o su negativa a redistribuir las riquezas del país--, aplicó medidas de “simulación” y desvió los programas sociales con fines electorales. Ocurrencias y corrupción A lo largo del sexenio, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estuvo marcada por escándalos de corrupción –por ejemplo, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga se desviaron miles de millones de pesos a través de empresas fantasmas-- y políticas de desarrollo basadas en “ocurrencias”, denunció el colectivo. En un primer momento, el gobierno de Peña Nieto concentró su política contra la pobreza extrema en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que encabezó Robles. Pero conforme avanzó el sexenio, la Cruzada pasó al olvido, sobre todo después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló en julio de 2015 que la carencia por acceso a la alimentación había crecido durante los primeros dos años del gobierno de Peña. El informe del Coneval marcó la salida de Robles, quien fue sustituida en la Sedesol por José Antonio Meade Kuribreña, en agosto de 2015. Durante su corta estancia en la dependencia, el excanciller no continuó con la Cruzada: se aferró en viajar 145 veces para colocarse como candidato del PRI a las elecciones, y brincó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un año después. Su reemplazo, el priista mexiquense y operador político Luis Enrique Miranda Nava –ahora senador--, tomó el control de la Sedesol en septiembre de 2016, y en mayo de 2017 lanzó la llamada “Estrategia Nacional de Inclusión (ENI)”, que según Acción Ciudadana Contra la Pobreza no tuvo “ni explicación ni documentos técnicos”, pero “sirvió para abrir espacio para la simulación y el maquillaje de las cifras”. Gracias a la ENI, la Sedesol infló las cifras de reducción del rezago escolar –sus guarderías fueron reconocidas como “centros educativos de preescolar”--, así como de atención a la salud mediante la afiliación masiva al Seguro Popular, que no tiene recursos suficientes, y trató de influir en las personas para que aseguren que su vida mejoró en las cuestionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).