CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó de manera discrecional 50 mil millones de pesos en publicidad oficial entre 2013 y 2017, casi el doble de lo que le autorizó el Congreso. Desde el gobierno de Vicente Fox, el gasto en la publicidad oficial se ha incrementado cada año, y aunque el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido reducir a la mitad la partida anual de esos recursos, la actual Ley General de Comunicación Social mantiene el ejercicio arbitrario en esa materia. El colectivo #MediosLibres presentó este jueves una iniciativa para abrogar la llamada #LeyChayote, aprobada el año pasado por la entonces mayoría legislativa del PRI, y pidió a los partidos representados en el Congreso apoyarla. Encabezado por las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Fundar, el colectivo pidió al Legislativo que la reforma –elaborada con el apoyo y aval de más de 80 organizaciones no gubernamentales, académicos y periodistas– se discuta en un proceso plural de parlamento abierto. La propuesta busca que el próximo gobierno ejerza el gasto gubernamental en materia de publicidad de acuerdo con los estándares internacionales, para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información a partir de criterios claros, objetivos y transparentes. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 capítulo México, informó que la reforma pretende el concurso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para transparentar la asignación y el ejercicio de los recursos, que incluso reducidos a la mitad “son muchos”. Justine Dupuy, de Fundar, informó que hasta el año pasado el sexenio de Peña Nieto gastó 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial. Casi la mitad de ese dinero, 23 mil 410 millones, corresponden a sobre ejercicio; es decir que gastó más de lo autorizado por el Congreso. La reforma busca que ese gasto se limite al 0.05% del Presupuesto de Egresos, que equivale a unos dos mil millones de pesos al año. Pero la reducción será insuficiente si no hay reglas claras para su asignación, aseguró el colectivo. Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, expresó que la falta de regulación y la opacidad “son un caldo de cultivo para la corrupción”. La reforma busca la creación de un fondo, que también se transparente a quienes reciban los recursos y que parte de éstos se destinen a la profesionalización de los periodistas.