TOLUCA (apro).- En el contexto de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso mexiquense retó a investigar los señalamientos de corrupción en el proyecto Texcoco, mientras morenistas, petistas y pesedistas acusaron que el tricolor teme a la decisión del pueblo. “Se habla de corrupción de manera reiterada, que se investigue”, apeló el priista Marlon Martínez, tras llamar –mediante un pronunciamiento en tribuna– a los participantes en la consulta ciudadana convocada por el gobierno electo a no tomar “una decisión equivocada que en pocos años traerá otra vez saturación aeroportuaria”. Afirmó que los parámetros de aeronáutica civil establecen la superioridad técnica de Texcoco con una expectativa de vida útil mayor a los 30 años, condiciones meteorológicas favorables, capacidad de transporte superior a 135 millones de pasajeros por año, reducción de costos para las aerolíneas y usuarios, mejor conectividad y ubicación geográfica privilegiada para los mercados, “lo que incrementaría la competitividad de nuestra región a nivel nacional e internacional”. El NAIM “es un proyecto rentable, con más de mil millones de dólares al año en beneficio de los mexicanos, que consolidará a México como puerta logística de América del Norte”, dijo. Tanto así, justificó, que personajes como el diputado federal petista Oscar González Yáñez, el senador morenista Higinio Martínez y el alcalde panista de Huixquilucan, Enrique Vargas, se han pronunciado en favor. “Esta megaobra generará derrama económica, atraerá turismo, creará 160 mil nuevos empleos en su etapa de construcción y cerca de medio millón en la operación final, y una mejor calidad de vida de la región”, aseguró. Su correligionaria Iveth Bernal Casique cuestionó la legalidad de la consulta. En respuesta, el morenista Juan Pablo Villagómez indicó que la consulta debió realizarse antes del construir el proyecto en Texcoco y cuestionó el encarecimiento de la obra. Su correligionario Max Correa advirtió que “no se puede hablar de desarrollo si se subsume y margina a los pueblos”, si no hay infraestructura y desarrollo para las comunidades, pero sí para las corporaciones. “El NAIM va contra la descentralización necesaria de la ciudad. Requerimos un mejor sistema aeroportuario del país que incluya las terminales aéreas de la Ciudad de México, Toluca, Santa Lucía. No hay que depositar todos los huevos en una canasta, en un lago de corrupción donde están enterrados todos los cerros de dinero que se han robado”, dijo. También lamentó que el “elefante blanco” del PRI devaste la naturaleza, destruya la autosuficiencia del agua y condicione la movilidad de los pueblos al pago de cuotas de las nuevas carreteras. Y cuestionó: “¿qué sucederá si la naturaleza recobra su memoria, si hay una erupción del volcán Popocatépetl?”. La también morenista Beatriz García recordó al PRI que los diputados son representantes del pueblo, no de los empresarios. Advirtió que hoy el tricolor se asusta, no porque la consulta esté o no regulada, sino porque estaba acostumbrado a que sólo un cúmulo de personas tomaba decisiones y la intención es que ahora el pueblo tome el poder. Faustino de la Cruz, también de Morena, expuso que le compraría al PRI su bonito discurso, de no ser porque en 1988 se fundó Valle de Chalco con la promesa de la modernización, pero hoy se sigue inundando; porque se prometieron mejoras con OHL y hoy sus autopistas son muy caras. Demandó que se transparenten las inversiones del NAIM, pues existe la posibilidad de que los ex gobernadores Arturo Montiel y Emilio Chuayffet hayan invertido recursos públicos a través de prestanombres. “Váyanse acostumbrando, porque son tiempos de cambio y consultaremos al pueblo para todas las tareas”, anticipó. La pesedista Juliana Felipa Arias acusó que todas las obras de infraestructura impuestas en el Estado de México han violentado el artículo dos constitucional que obliga su consulta a los pueblos indígenas. El petista Javier González aclaró que el desacuerdo con Texcoco tiene su origen en la imposición de la obra, pese a las desventajas técnicas y ambientales. Recordó que, previo al inicio del proyecto, los especialistas que construyeron los aeropuertos Orly y Charles de Gaulle advirtieron que el ex vaso de Texcoco no era la zona más apropiada porque se hunde 30 centímetros por año, evitará la recarga de acuíferos, por su suelo fangoso, y por su capacidad de carga de hasta 2.3 toneladas por metro cuadrado, en comparación con Tizayuca que carga hasta 30 toneladas. “Habiendo mejores opciones, el gobierno federal se empecinó en la construcción a ultranza en el exlago de Texcoco. La imposición esconde intereses económicos muy importantes, y los grupos del poder no están dispuestos a que se les caigan los negocios inmobiliarios, comerciales, de infraestructura”, señaló. La morenista Berenice Medrano consideró que los priístas que hoy cuestionan la legalidad de la consulta carecen de calidad moral porque muchas veces hicieron fraude. Su compañera Monserrat Ruiz indicó que el ejercicio está respaldado por el artículo 39 constitucional que dispone: la soberanía reside en el pueblo; recordó que cuando se promovió una consulta para determinar el destino de Pemex, el PRI usó requisitos legaloides para negarla; “no podemos hacerle el feo a un ejercicio democrático y popular”, indicó. Los morenistas Julio Hernández y Héctor Gutiérrez Cureño consideraron que la legalidad más suprema y legítima es consultar al pueblo; y llamaron a acatar el resultado y cerrar filas, respectivamente. El petista Armando Bautista dio la bienvenida a la democracia participativa, dijo que deben acostumbrarse a ella quienes están acostumbrados a sólo ejercer el poder, y convocó “a que no hagan trampa quienes históricamente la hacen”.