CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un estudio científico recién publicado documenta el fracaso histórico y la falta de voluntad política del gobierno mexicano para combatir la obesidad. Se trata del artículo “Tratar la obesidad en México con seriedad: La comprensión, tardía, de la necesidad de acción inmediata”, publicado el 1 de octubre en la revista científica Obesity por Simón Barquera y Mariel White, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Reseñado en un comunicado por la organización civil El Poder del Consumidor, el texto de Barquera y White da cuenta de los grandes fallos en la respuesta del gobierno para prevenir y tratar la obesidad. El artículo recuerda que México declaró una alerta epidemiológica en 2016, después de comprender de una manera mucho muy tardía su situación crítica, en la que más de 72% de su población adulta padece de sobrepeso u obesidad, y donde tienen lugar casi 100 mil muertes relacionadas con la diabetes todos los años. Fue en 2010 cuando el gobierno diseñó un plan nacional para combatir la obesidad con el que, de acuerdo con los autores, se lograron avances en 2014. Ese año se estableció un impuesto especial a las bebidas azucaradas, el cual logró una reducción en el consumo de éstas durante dos años consecutivos;  en ese mismo periodo se observó un aumento en el consumo de agua. Sin embargo, señalan, la interferencia de la industria en el diseño e implementación de medidas como un etiquetado frontal entendible, la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia y la regulación de la venta de productos chatarra en escuelas no ha permitido que éstas sean realmente efectivas para lograr un mayor impacto en la salud de los mexicanos. En ese contexto, consideraron imprescindible que estas políticas públicas estén libres de conflicto de interés. El artículo, indica El Poder del Consumidor, también destaca el fracaso del gobierno para invertir recursos y contrarrestar la epidemia de obesidad. “El presupuesto nacional de salud ha recibido recortes desde 2013. El gasto en salud para ese año constituía 3.1% del presupuesto, hasta tan sólo 2.3% en 2018, lo que equivale a un recorte de 5.1 mil millones de dólares estadunidenses”. Los especialistas también exponen que los fondos asignados a la prevención y el control de la obesidad y la diabetes han sido aún más limitados, al no haber jamás llegado al 1% del presupuesto en salud. De acuerdo con su interpretación, “los fondos para este rubro, que se reducen año con año, ilustran la falta de voluntad de México para lidiar de manera efectiva con la obesidad y con las comorbilidades que la acompañan.” En su opinión, la estrategia del sector salud para tratar y manejar la obesidad debe mejorar drásticamente. Subrayan que a la mayor parte de los profesionales en este ramo no se les enseña cómo indicar una dieta correcta ni cómo promover la actividad física y las modificaciones al estilo de vida que son necesarias para evitar y controlar la obesidad, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Señalan además que el seguimiento del índice de masa corporal (IMC), el diagnóstico y el tratamiento no son procedimientos estandarizados en los centros de atención primaria. También exponen que los criterios para el tratamiento de la obesidad están desactualizados y no incluyen de manera homogénea recomendaciones basadas en la evidencia ni fármacos aprobados por la Secretaría de Salud, lo cual genera confusión entre los profesionales. Más inquietante que lo anterior, aseguran, es que no se exija por ley a las clínicas de atención primaria en México a que contraten nutricionistas titulados, y si se les llega a contratar es en lugar de personal de enfermería o de trabajo social, lo cual mina la capacidad de ofrecer un abordaje integral al tratamiento. Un camino de esperanza No obstante, en el contexto de las recientes elecciones presidenciales, los autores ven con esperanza la posibilidad de un cambio en el sector salud. Barquera y White exponen que, en conjunto con la sociedad civil, se podría colaborar para fomentar y apoyar la acción gubernamental y la inversión en políticas de prevención económicamente viables. Estas políticas consistirían en el etiquetado frontal que advierta de productos alimenticios y bebidas poco sanas,  la regulación efectiva de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia y la regulación y promoción para proteger la lactancia materna exclusiva. Finalmente plantean que el impuesto actual a las bebidas azucaradas debe reforzarse y elevarse para proteger el diseño y la implementación de las políticas públicas sobre nutrición de los conflictos de interés y de la interferencia de la industria.